La seguridad en la provincia de Buenos Aires es una farsa cínica montada sobre los escombros de una fuerza policial quebrada, maniatada y abandonada a su suerte por la administración de Axel Kicillof. Mientras desde los despachos oficiales se maquillan estadísticas criminales y se enarbola un relato de supuesta eficiencia operativa, en la calle se aplica una realidad impiadosa: un efectivo de la Policía Bonaerense —la estructura de seguridad más grande y compleja del país— patrulla desmoralizado, sumido en una crisis financiera asfixiante, con salarios de indigencia y un nivel de endeudamiento crónico que pulveriza cualquier atisbo de profesionalismo.

El gobernador gobierna de espaldas a la tropa, transformando los sueldos policiales en una trampa contable donde los aumentos por decreto se evaporan antes de tocar el bolsillo. La Provincia aplica incrementos salariales digitados a dedo, negando por completo cualquier canal de negociación paritaria real para el sector y dejando a los agentes a merced de una arbitrariedad absoluta. Los anuncios pomposos de subas escalonadas chocan contra la implacable matemática del ajuste. El recibo de sueldo policial se ha convertido en un jeroglífico perverso donde un oficial percibe ingresos de bolsillo que apenas rondan el millón de pesos, cifras que quedan desintegradas al comprobar el neto real tras los descuentos obligatorios.

La estafa de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones

En este engranaje de asfixia opera además la propia Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones, que ejecuta una maniobra insólita: el primer mes de cada nueva escala aparece simultáneamente como un aumento nominal rimbombante en las columnas y como un descuento idéntico destinado a la Caja. El Estado provincial le da con una mano lo que le arrebata automáticamente con la otra, dejando al efectivo rehén de una contabilidad trucha y despojándolo de cualquier beneficio real en su haber mensual.

Frente a sueldos que históricamente han cubierto apenas una fracción exigua de las necesidades básicas, el policía bonaerense se ve empujado de manera sistemática a la timba financiera. Sin estadísticas oficiales públicas sobre morosidad que expongan la magnitud del desastre, la realidad interna de las comisarías revela un endeudamiento generalizado y alarmante. Al no existir datos agrupados por profesión, la salud crediticia del agente opera en una zona de sombras donde el uniformado recurre crónicamente a financieras informales, adelantos de sueldo y préstamos usurarios con tasas impagables solo para poder comer, comprar los útiles de sus hijos o pagar el combustible para trasladarse a su destino de revista.

Con el sueldo embargado de antemano y el código de descuento funcionando como una garantía cautiva, el efectivo vive en un estado de emergencia permanente, obligado a realizar jornadas extenuantes de doce, catorce o más horas sumando adicionales miserables porque el sueldo formal no le alcanza ni para sobrevivir.

La desidia del gobierno de Kicillof no se agota en el plano económico; es también criminal en términos de salud física y mental. La cobertura formal existe solo en los papeles, mientras IOMA opera como un vacunatorio de desidia con demoras intolerables, prestaciones caídas y terapias en riesgo permanente. Pero el eslabón más trágico de esta cadena de abandono se observa en la salud mental y el bienestar policial, donde las estructuras administrativas existen solo de nombre y la asistencia real brilla por su ausencia en el territorio bonaerense. La cifra escalofriante de más de treinta suicidios contabilizados expone una epidemia silenciosa que las autoridades prefieren minimizar ocultando estadísticas públicas periódicas y transparentes. Un efectivo con portación de arma reglamentaria, psíquicamente devastado, sometido a jornadas inhumanas, sin contención psicológica accesible y acorralado por las deudas es una tragedia social anunciada.

La gran pregunta que interpela al poder político es de una lógica aplastante y demoledora: ¿Cómo se supone que un policía hambriento, endeudado, psicológicamente al límite, acosado por la fuga masiva de personal y desprovisto de respaldo institucional proteja al vecino de la provincia?

La respuesta es evidente y aterradora: no puede. El gobernador Axel Kicillof gerencia una bomba de tiempo social mientras la inseguridad inunda cada rincón del conurbano y el interior bonaerense. Pretender que un agente en condiciones de precarización extrema arriesgue su vida con profesionalismo y eficacia es una burla macabra. Cuando el Estado abandona al protector, el vecino queda completamente a la intemperie, entregado al arbitrio absoluto de la delincuencia.