El armado presupuestario del gobernador Axel Kicillof esconde partidas de un volumen extraordinario en las oficinas de La Plata. La vigencia de la Ley 15.557 le asignó al Ministerio de Comunicación Pública la friolera de $59.337.766.000 para el ejercicio en curso en la Provincia de Buenos Aires.
La millonaria caja contrasta con la necesidad de endeudamiento provincial declarada en $1,536 billones, encendiendo las alarmas legislativas por el uso de los recursos oficiales mientras se declara la emergencia económica.
El volumen destinado a la comunicación institucional no se agota en las campañas publicitarias. Un relevamiento privado sobre las resoluciones de la Gobernación reveló que durante el año anterior el Estado provincial desembolsó al menos $58.300 millones en pauta oficial.
El reparto de esos fondos favoreció a grupos concentrados como Grupo Indalo (C5N, Radio 10, Ambito, c5n.com), Grupo Olmos, Grupo América (America, A24, Radio La Red, El Cronista), Clarín (Canal 13, TN, Radio Mitre) y El Destape, demostrando que el gasto publicitario no conoce de austeridad.
La controversia normativa adquiere su faceta más crítica con la letra chica del Artículo 41. La cláusula autoriza a los intendentes a retener y disponer de las partidas transferidas como subsidios hasta el 31 de diciembre de 2025 que jamás fueron ejecutadas. La legislación resolvió eximir a los intendentes del deber de devolución a las arcas provinciales, asegurando que el uso de ese dinero no generará responsabilidad administrativa para los jefes comunales.
El esquema de flexibilización contable para los municipios bonaerenses se complementa con las facultades del Artículo 35. Dicho texto faculta al Tribunal de Cuentas a eximir de sanciones a los funcionarios municipales que hayan desviado recursos hacia destinos diferentes de los asignados originalmente durante 2024 y 2025. El perdonazo administrativo permite convalidar desmanejos bajo el argumento de las urgencias de la crisis, dejando a los intendentes con manos libres para manejar las cajas locales.
La oposición política en la Legislatura bonaerense cuestiona la prioridad de los gastos en pleno año recesivo. Mientras la administración de Axel Kicillof recortó insumos operativos en reparticiones esenciales, el Ministerio de Comunicación Pública conserva partidas millonarias para el funcionamiento de Radio Provincia, la distribución de pauta digital y el sponsoreo de eventos institucionales. Los bloques parlamentarios aseguran que la pauta se transformó en un sostén político estratégico.
La ejecución del gasto publicitario durante 2026 mantiene un ritmo sin pausa a través de contrataciones directas. Con un presupuesto consolidado de $43,021 billones, el Ejecutivo provincial apela a la caja de la comunicación para blindar la narrativa de gestión frente a los recortes nacionales. La lupa sobre los expedientes recién empieza a mostrar cómo el dinero público se liquida entre medios nacionales y distritales.
La Ley 15.557 destinó $59.337.766.000 al Ministerio de Comunicación Pública para el ejercicio 2026.
Durante 2025 la Gobernación gastó $58.300 millones en pauta oficial, un 63% más en términos reales que en 2024.
Los principales receptores de publicidad provincial fueron Grupo Indalo, Grupo Olmos, Grupo América, Clarín y El Destape.
El Artículo 41 exime a los municipios de devolver subsidios provinciales del año 2025 que no hayan sido ejecutados.
El Artículo 35 autoriza al Tribunal de Cuentas a perdonar sanciones a municipios que usaron fondos asignados para otros destinos.