Un sistema de inteligencia artificial puede ejecutar acciones que, en ocasiones, resultan en delitos. La reacción común es culpar a la máquina: “la inteligencia artificial lo hizo”. Sin embargo, el derecho penal no se basa en explicaciones automáticas, sino en conductas humanas y responsabilidad personal.

La clave está en identificar quién diseñó, autorizó o supervisó el sistema. La discusión no es si la IA puede ser culpable, sino qué persona estuvo detrás de su funcionamiento y qué pudo prever o evitar. La ley exige una reconstrucción detallada de la cadena de decisiones, que incluye registros, auditorías y peritajes informáticos.

La necesidad de un marco legal claro

El proyecto PE-193/26, actualmente en trámite, propone la figura de la “Sociedad Automatizada”, que podría tener responsabilidad penal patrimonialmente por daños causados por sus sistemas. Sin embargo, esto no resuelve la cuestión penal. La imputación requiere analizar la intervención de cada persona y su grado de responsabilidad.

¿Cuál es la responsabilidad en delitos de IA? La innovación tecnológica no debe llevar a una culpabilidad automática. La legislación debe ser precisa y permitir la experimentación, asegurando que las sanciones se basen en hechos probados y no en suposiciones. La inteligencia artificial no elimina el derecho penal; lo obliga a ser más riguroso y a seguir la cadena de decisiones hasta encontrar la conducta humana responsable. Porque los delitos de IA será siempre de responsabilidad humana.