La gestión del intendente Julián Álvarez en la Provincia de Buenos Aires atraviesa su punto más crítico. Lo que la cúpula de La Cámpora presentó en Lanús como una inversión histórica para reforzar la prevención delictiva quedó reducida a una voraz maquinaria recaudadora.

Una batería de denuncias encabezada por vecinos y algunos otros funcionarios opositores confirmaron que la flota de 50 móviles adquirida para patrullar las calles se utiliza para emitir fotomultas por mal estacionamiento, desprotegiendo a los vecinos frente al avance del crimen.

La millonaria compra de las unidades absorbió un presupuesto oficial de $2.100 millones de pesos más IVA. La flota —compuesta por 30 camionetas Volkswagen Amarok y 20 Jeep Renegade— fue destinada a la Secretaría de Seguridad con la promesa de blindar los accesos y combatir a las bandas organizadas.

Sin embargo, comerciantes y residentes de los centros urbanos fotografiaron a los patrulleros recorriendo las arterias céntricas con cámaras activadas, confeccionando infracciones masivas para inflar la caja comunal.

La indignación en el Conurbano bonaerense escaló al ritmo del colapso de la infraestructura urbana. Informes locales advierten que cerca del 90% de las calles del partido presenta baches profundos, deformaciones y sumideros destruidos sin ningún tipo de mantenimiento estatal.

La inacción oficial llegó al extremo de viralizar imágenes de choferes de colectivos rellenando cráteres para no suspender recorridos, mientras creadores de contenido tuvieron que asfaltar tramos por cuenta propia ante el abandono absoluto de la gestión de La Cámpora.

La sombra del Tribunal de Cuentas y el negocio del combustible

A la furia por el deterioro de la vía pública y el negocio de las multas truchas se le suma la falta de transparencia en la rendición de fondos. El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires detectó severas inconsistencias contables en la compra de combustible para la patrulla municipal, con giros irregulares por más de $52 millones de pesos.

Pese a las exigencias opositoras en el Concejo Deliberante, el oficialismo local apela al bloqueo de expedientes para evitar que la información de los gastos salga a la luz.

Censura en el recinto y la rebelión de las tasas

El clima de tensión en el legislativo municipal se tornó asfixiante. Bloques opositores denuncian que la bancada de Unión por la Patria apaga micrófonos y limita el tiempo de palabra cuando se expone el estado de los barrios.

Mientras tanto, la Secretaría de Hacienda impulsó aumentos en la tasa de Servicios Generales, exigiendo montos extraordinarios a los comerciantes golpeados por la recesión sin contraprestar luz, bacheo ni patrullaje en los centros comerciales.

El cerrojo político aplicado por Julián Álvarez amenaza con desatar un fuerte pedido de auditoría externa y la citación urgente del secretario de Seguridad.

Con patrulleros abocados a labrar actas en vez de prevenir robos violentos, calles convertidas en tramos intransitables y cuentas objetadas por los organismos de control, los vecinos del partido exigen que los móviles salgan a combatir el delito antes de que el descontento social vuelva a copar la puerta del municipio.