La persecución penal del microtráfico de estupefacientes en la provincia del Chaco enfrenta una batalla decisiva que no se libra en los pasillos de un juzgado de instrucción ni durante un operativo policial en las calles, sino en las planillas de liquidación presupuestaria.

Un informe publicado por el portal Infoqom sacó a la luz la ingeniería contable del fuero penal especializado en estupefacientes en la provincia, revelando que la estructura judicial absorbió un presupuesto ejecutado de $1.058.956.900 de pesos en 2024 y proyectó un cálculo de gastos de $3.220.173.700 de pesos para el ejercicio 2025.

La administración judicial local asumió las competencias delegadas por el Estado nacional, pero los giros de financiamiento estipulados por la normativa central jamás fueron girados a las arcas provinciales.

Máquinas, reactivos y la expansión proyectada hacia el interior

Sostener la operatoria contra la comercialización de drogas demanda mucho más que abonar salarios de la planta de magistrados. La maquinaria judicial en Resistencia incluye al Juzgado de Garantías N.º 5, las Fiscalías de Investigación Antidrogas N.º 1 y N.º 2 y la Defensoría Oficial Antidrogas, además del soporte técnico prestado por el Instituto Médico de Ciencias Forenses. Cada peritaje exigió la compra de insumos de laboratorio e instrumental tecnológico, figurando la adjudicación de software forense por $31,5 millones de pesos.

El salto presupuestario estimado para el período 2025 contemplaba la apertura de delegaciones en Presidencia Roque Sáenz Peña, con la creación de un Juzgado de Garantías, una Defensoría Oficial y dos fiscalías especializadas.

Únicamente la partida asignada a bienes de capital para esa descentralización ascendía a $1.609 millones de pesos. Pese a las solicitudes tramitadas por el Superior Tribunal de Justicia de Chaco ante bloques parlamentarios radicales y peronistas, las partidas nacionales no se incorporaron al Presupuesto General.

La raíz del vaciamiento financiero se remonta a la sanción de la Ley 26.052 de desfederalización parcial de la Ley de Estupefacientes (N.º 23.737). Mediante esa figura, las jurisdicciones subnacionales habilitadas pasaron a investigar el comercio minorista de sustancias tóxicas. El fuero especializado comenzó a operar de forma efectiva en la provincia en agosto de 2015, absorbiendo expedientes, agentes y detenidos.

El Congreso de la Nación dejó asentado en el Artículo 5° de la norma de traspaso un esquema de transferencias proporcionales automáticas para acompañar la carga procesal, una promesa contable que quedó sepultada en los despachos de la Capital Federal.

Estadísticas procesales e incorporación al programa PRONADEM

A pesar del estrangulamiento presupuestario, las estadísticas de persecución penal mantuvieron una curva ascendente en los tribunales chaqueños. Las sentencias condenatorias firmes por infracciones a la Ley 23.737 pasaron de 51 resoluciones en 2019 a 167 condenas dictadas en 2023, mientras que los expedientes elevados a juicio oral pasaron de 231 a 397 en el mismo lapso.

El presidente del máximo tribunal provincial, Néstor Enrique Varela, remarcó en Chaco ante autoridades judiciales de Corrientes y Formosa la necesidad urgente de sanear los descalces financieros acumulados.

El escenario institucional abrió una nueva instancia en agosto de 2026, cuando el gobernador Leandro Zdero rubricó la adhesión de la provincia al Programa Nacional de Desfederalización y Asistencia contra el Microtráfico de Estupefacientes (PRONADEM).

Si bien este convenio busca brindar asistencia técnica y financiera a las provincias para combatir el narcomenudeo, las autoridades del fuero aclaran que la firma del acuerdo no cancela retroactivamente la millonaria deuda por transferencias históricas.

Lo que tenés que saber sobre el narcomenudeo en Chaco

• Erogación documentada: El fuero especializado consumió $1.058.956.900 en 2024 y proyectó $3.220.173.700 para el ejercicio 2025.

• Incumplimiento de la Ley 26.052: El Artículo 5° exige que el Estado nacional transfiera giros proporcionales a las provincias adheridas, pero las partidas no se giraron.

• Infraestructura judicial: Financia la operatividad del Juzgado de Garantías N.º 5, dos fiscalías antidrogas, la defensoría especializada y el Gabinete Científico de Resistencia.

• Crecimiento de causas: Las condenas por microtráfico pasaron de 51 en 2019 a 167 en 2023, con más de 397 elevaciones a juicio.

• Adhesión al PRONADEM: El gobernador Leandro Zdero firmó en agosto de 2026 la incorporación al programa nacional para reforzar la asistencia contra el microtráfico.