El esquema de contrataciones de la municipalidad de Junín sufrió un mazazo contundente desde los organismos de control de La Plata. El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires dictó un fallo inapelable en el Expediente N° 3-059.0-2024, desaprobando un egreso municipal y aplicando un cargo solidario por $16.801.639,68 al senador provincial en uso de licencia Pablo Petrecca.

El dictamen confirmó la existencia de una maniobra de triangulación administrativa mediante la empresa estatal Grupo Servicios Junín S.A. (SAPEM) para esquivar licitaciones públicas y generar sobreprecios en luminarias LED.

La investigación del tribunal bonaerense desnudó el circuito de los recursos locales en la Provincia de Buenos Aires. El Ejecutivo libró la orden de compra N° 8949 a favor de la SAPEM comunal por $147.744.703,00. Sin embargo, la firma estatal carecía de infraestructura para abastecer los insumos y terminó comprando la totalidad de las luces a la empresa privada QISUR LED S.R.L. por $134.926.664,00.

Los auditores descubrieron que la proveedora ya figuraba inscripta en el padrón municipal bajo el N° 3262, dejando al descubierto una intermediación artificial que encareció la compra en $12,8 millones.

Rechazo de los descargos y la orden de pagar del propio bolsillo

La División Relatora del organismo ratificó que la exención de licitación invocada por la comuna solo aplica cuando la sociedad estatal produce o cuenta con la capacidad de proveer los bienes. Al tercerizar la totalidad del pedido a un privado, la empresa pública actuó como una pantalla administrativa para vulnerar la Ley Orgánica de las Municipalidades.

El dictamen obligó al intendente con licencia Pablo Petrecca, al contador municipal Mauro Jacobs y al jefe de compras Daniel Barrenechea a devolver el monto total de la maniobra de sus propios bolsillos.

Propaganda oficial para privados y el enojo del comercio local

A la sanción económica del organismo de control provincial se le suma una creciente polémica ética que sacude a los comerciantes del centro urbano. Sectores PyMEs y bloques opositores denuncian que el intendente interino Juan Fiorini y el propio Pablo Petrecca utilizan la estructura de comunicación institucional y pauta oficial para promocionar emprendimientos comerciales privados instalados en la terminal de ómnibus.

El uso de recursos públicos para publicitar un shopping, cadenas foráneas de comida rápida y atracciones comerciales aranceladas provocó indignación en los comercios locales, que luchan por no bajar las persianas frente al ajuste.

La superposición de sanciones financieras del Tribunal de Cuentas con las denuncias de privilegio publicitario dejó a la gestión municipal acorralada. La oposición legislativa evalúa exigir auditorías integrales sobre el resto de las contrataciones directas canalizadas mediante la SAPEM, advirtiendo que los funcionarios deberán rendir cuentas judiciales por convertir las excepciones legales en un negocio opaco de intermediación.