El frente judicial del oficialismo sumó una jornada de máxima tensión en los tribunales de Comodoro Py. El abogado Gregorio Dalbón presentó ante el juzgado federal de Ariel Lijo un pedido explícito de detención contra el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, quien ya se encuentra procesado como presunto jefe de una asociación ilícita.
En paralelo, el fiscal Gerardo Pollicita ordenó una batería de medidas para auditar el patrimonio del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, disponiendo la apertura pericial de ocho billeteras de Bitcoin entregadas por la defensa.
La solicitud contra Spagnuolo se fundamentó en la incorporación de nuevos peritajes que detectaron severas anomalías en las licitaciones públicas de la Agencia Nacional de Discapacidad.
Los informes incorporados al expediente revelaron sobreprecios sistemáticos, pagos duplicados a laboratorios amigos y entregas de insumos médicos que no coincidían con los productos adjudicados. Dalbón advirtió ante la Justicia Federal que el ex funcionario conserva capacidad de influencia para alterar documentación sensible y fugarse del país.
La causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Manuel Adorni y a su esposa, Bettina Angeletti, ingresó en una fase técnica determinante. Tras las 20 observaciones formuladas por el fiscal Pollicita para justificar la evolución de sus bienes desde su ingreso al Estado en diciembre de 2023, la defensa del ex portavoz entregó en sobre cerrado las claves privadas de ocho billeteras de criptomonedas.
La fiscalía encomendó a la Policía Federal Argentina una comprobación criptográfica para determinar la trazabilidad y la validez de los fondos en Bitcoin.
La ofensiva del Ministerio Público Fiscal no se limitó al ecosistema cripto. El juez Ariel Lijo recibió el pedido formal para disponer el levantamiento del secreto fiscal de la pareja, solicitando a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) el detalle completo de las declaraciones juradas de Bienes Personales, Ganancias, operaciones de moneda extranjera y moratorias.
Asimismo, se requirió a la ANSES la historia laboral e impositiva consolidada, buscando constatar si la evolución patrimonial coincide con los ingresos formales declarados desde el inicio de su actividad económica.
El avance coordinado sobre la Agencia Nacional de Discapacidad y las finanzas de la ex Jefatura de Gabinete perfora la narrativa de transparencia del Ejecutivo nacional.
Con un exfuncionario al borde de la prisión preventiva por el manejo de insumos sensibles y peritos federales auditando claves privadas de criptomonedas, la gestión de Javier Milei afronta su momento más delicado en los tribunales bonaerenses y porteños, donde la trazabilidad documental reemplazará las explicaciones políticas.