La Secretaría General de ATE, conducida por Rodolfo Aguiar, detonó un escándalo en Buenos Aires al denunciar que un funcionario cobró una liquidación de $109.781.999,73 en el Enacom el 31 de julio e ingresó al día siguiente como Gerente de Contabilidad en el INTA con un sueldo de $5 millones.
La maniobra administrativa expuso la rosca interna del Gobierno en 2026 mientras la administración nacional pregona un ajuste severo sobre las plantillas públicas.
El pase de magia burocrático de Daniel Neira comenzó a gestionarse el 1 de julio, 23 días antes de que el organismo le notificara la rescisión contractual. En los pasillos del gremio estatal califican la operación como un desfalco moral donde un alto cargo cobró antigüedad y vacaciones para saltar de caja con los bolsillos llenos sin haber atravesado un solo día de desempleo.
Mientras la plantilla del organismo agropecuario percibe haberes que oscilan entre los $800.000 y $1.500.000, la designación directa en Nivel 11 Categoría 27 provocó la furia de las bases. Las oficinas centrales del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria se convirtieron en un polvorín porque los expedientes secretos revelan una recontratación arreglada a espaldas de la Ley de Empleo Público sin someter el nombramiento a concurso.

El titular sindical Rodolfo Aguiar no ahorró calificaciones para la conducción que encabeza Nicolás Bronzovich e intimó a convocar a la comisión directiva para anular el nombramiento. Desde la central obrera amenazan con paralizar las dependencias estatales si la Justicia no frena las contrataciones VIP, advirtiendo que la política oficial liquida retiros voluntarios mientras reparte cajas millonarias entre sus allegados sin ningún tipo de control administrativo.
Las violaciones normativas salpican el Decreto 1421/2002 y el artículo 174 del Código Penal por presunta simulación en perjuicio de la Administración Pública.
El gremio remarcó que la estructura estatal funciona bajo la premisa de un único empleador y que resulta imposible que un ministerio desconozca los antecedentes de un funcionario de alto rango al momento de autorizar su pase.
El escándalo sacude la narrativa de austeridad del Poder Ejecutivo y enciende las alarmas en las delegaciones provinciales por la falta de recursos operativos.
La conducción sindical prepara la denuncia penal y advierte que las asambleas de trabajadores no permitirán el ingreso del nuevo gerente a las oficinas mientras la crisis salarial destruye el poder adquisitivo del resto de la planta.