La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires encendió las alarmas en La Plata al rechazar de forma tajante la denuncia por encubrimiento impulsada por el juez de Garantías Guillermo Atencio.

Frente a la investigación en septiembre de 2026, los jefes de bloque del Oficialismo y la Oposición abroquelaron sus fueros ante las sospechas de maniobras oscuras para frenar expedientes sensibles vinculados al escándalo de las tarjetas.

La respuesta legislativa no tardó en ganar los pasillos del palacio parlamentario mediante la unificación de criterios entre bancadas rivales. El argumento oficial sostiene que el archivo de las actuaciones estaba contemplado en el reglamento desde el año 2002, buscando desactivar las acusaciones al remarcar que la resolución interna se aprobó el 28 de mayo con más de dos tercios antes de que ingresara el requerimiento judicial en agosto.

Lejos de achicarse ante la embestida de los tribunales platenses, las autoridades de la Cámara baja buscaron despejar las suspicacias sobre un encubrimiento exprés.

En los despachos aclararon que la documentación enviada al archivo no guarda relación directa con Julio Rigau y remarcaron que los papeles archivados pertenecen a trámites administrativos ajenos al fraude con tarjetas que sacude a la dirigencia política.

Para blindar la inmunidad de sus integrantes, el comunicado parlamentario apeló al manto de protección constitucional que ampara a los legisladores. La corporación parlamentaria recordó que la división de poderes exige respetar la autonomía del recinto y que ningún juez puede avasallar la independencia parlamentaria para condicionar votaciones amparadas por las normativas internas del cuerpo.

El nuevo capítulo del choque de poderes expuso la fragilidad de los acuerdos en el tablero provincial, donde cualquier movimiento burocrático deriva en una batalla campal. La extrema tensión institucional dejó al descubierto el operativo defensivo entre bloques porque las chicanas cruzadas no impidieron el pacto para frenar el avance de la Justicia sobre la caja legislativa.

En las comisiones legislativas la orden es atrincherarse para amortiguar el temporal judicial y evitar que los tribunales avancen sobre la caja de la política. Mientras la instrucción penal intenta rastrear el desvío de fondos millonarios, la rosca corporativa se abroquela tras sus fueros constitucionales para resistir la embestida del Poder Judicial.