Gildo Insfrán encarna la degradación institucional más absoluta de la democracia argentina, gobernando Formosa como una hacienda privada desde 1995 y perpetuándose mediante maniobras constitucionales a medida, clientelismo asfixiante y un aparato de poder feudal. Bajo su órbita, la provincia se ha convertido en un territorio hermético donde la división de poderes es una ilusión óptica y los recursos públicos se desvanecen en la opacidad más escandalosa. Las denuncias de la oposición política no han cesado, documentando un sistema de saqueo sistemático y perpetuación amañada que vulnera los derechos más elementales de los formoseños.

El historial de presunta corrupción está marcado por expedientes de extrema gravedad que demuestran cómo el Estado provincial funciona al servicio de los intereses partidarios y personales del mandatario. Entre los casos más resonantes figura la causa por la transferencia exprés de $1.660 millones desde las arcas oficiales del Estado hacia las cuentas del Partido Justicialista local, una maniobra de financiamiento político ilegal que, a pesar de ser blindada temporalmente en los tribunales adictos, expuso el uso descarado de los fondos públicos con fines proselitistas. A esto se suma el tristemente célebre paso de The Old Fund, donde la consultora fantasma vinculada al entramado de Amado Boudou recibió 7,6 millones por un asesoramiento trucho para la reestructuración de una deuda pública que solo sirvió para sangrar las finanzas provinciales.

La oposición en bloque, nucleada en espacios como la Unión Cívica Radical y el Frente Amplio Formoseño, ha documentado incansablemente sobreprecios millonarios en obras viales adjudicadas a contratistas amigos del poder kirchnerista —como Lázaro Báez—, rutas fantasmas y un enriquecimiento patrimonial personal que Insfrán jamás pudo justificar de cara a la ciudadanía, amparado en la negativa absoluta de presentar declaraciones juradas transparentes. Lejos de conformarse con décadas de hegemonía, el régimen ideó reformas constitucionales fraudulentas para simular habilitar jugadas electorales que burlan el espíritu republicano, obligando a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a intervenir ante semejante avasallamiento institucional.

La gestión de Gildo Insfrán es el monumento vivo a la decadencia argentina: un modelo basado en la pobreza estructural de su gente, el ahogo sistemático del sector privado, la persecución a la disidencia y el desvío impune de los recursos colectivos hacia los bolsillos de una casta intocable. Formosa continúa sumida en el atraso, rehén de un autócrata que convirtió el aparato estatal en su guarida personal y secuestró el futuro de generaciones enteras a cambio de privilegios de sotana y opulencia clandestina.

El verdadero legado de Gildo Insfrán se estampa en la tragedia social y el colapso de la infraestructura básica de Formosa. Detrás del relato oficial de prosperidad se esconde una provincia severamente castigada, donde una porción alarmante de la población sobrevive atrapada en la indigencia y la pobreza estructural, mientras el interior profundo padece el abandono de caminos intransitables que aíslan a los productores, la falta crónica de agua potable segura y la inexistencia de redes cloacales en vastas zonas urbanas. Este colapso prestacional no es producto del azar, sino la consecuencia deliberada de un modelo que vació las cuentas públicas para convertirlas en el botín personal, condenando a los formoseños al subdesarrollo perpetuo y a la privación sistemática de su dignidad más elemental.