El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba ratificó la condena a cuatro años de prisión efectiva contra Germán Darío Facchín, exintendente de Deán Funes. El máximo órgano de la Provincia de Córdoba rechazó las casaciones defensivas, juzgándolo instigador de la matanza cometida en abril de 2013, donde murieron 211 animales alimentados con metomil. La investigación acreditó que la máxima autoridad comunal usó recursos estatales para diseminar el veneno.

La sangrienta maniobra no obedeció a la acción de un marginal, sino a un plan ejecutado desde la Municipalidad de Deán Funes. En aquella fatídica madrugada, cinco empleados municipales distribuyeron cebos carnosos contaminados por las calles del distrito en Argentina.

La Cámara 8ª del Crimen determinó que los trabajadores actuaron bajo la orden del jefe comunal, configurando un delito punible con prisión efectiva.

Jurisprudencia histórica y la condición de seres sintientes

El expediente fijó un antecedente doctrinario para la jurisprudencia al catalogar a las víctimas como seres sintientes con capacidad de sentir dolor.

La Justicia de Córdoba dejó de considerar a la fauna urbana como simples cosas para tutelar penalmente su integridad. El fallo remarcó que distribuir una sustancia de extrema toxicidad en los espacios públicos constituyó un peligro gravísimo, poniendo en riesgo directo a toda la población.

El derrotero judicial y la última trinchera procesal en la Corte

Trece años de rosca y apelaciones demandó el recorrido procesal de esta causa iniciada en Deán Funes. Tras una absolución que fue anulada por la Cámara de Casación, el segundo juicio oral terminó por condenar a la cúpula política comunal.

Aunque la defensa de Germán Darío Facchín intentará acudir al Tribunal Supremo de la Nación, el exintendente quedó al borde de la cárcel.

La resolución expuso la degradación institucional cometida dentro del organigrama municipal. Utilizar cuadrillas, logística y presupuesto para exterminar fauna de la vía pública configuró un abuso de poder sin precedentes. Con las vías ordinarias totalmente agotadas en la provincia, la condena impuesta marca una advertencia severa para los funcionarios que ejercen la crueldad desde los cargos públicos.

La inminente ejecución de la pena de encierro clausura un capítulo negro de la historia cordobesa. Los pobladores que recogieron los cadáveres en 2013 ven hoy un acto de reparación histórica.

El exmandatario municipal deberá enfrentar las rejas de la prisión efectiva una vez que se desestime la queja federal, asumiendo la responsabilidad penal por los delitos cometidos.