El sistema oficial de conteo delictivo en la Provincia de Buenos Aires oculta una brecha de proporciones alarmantes. Durante el período 2025, un total de 103.085 robos y hurtos tramitados a través de la aplicación oficial Mi Seguridad quedaron marginados de las estadísticas criminales definitivas.

La plataforma administrada por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, conducido por Javier Alonso, generó expedientes con tipificación provisoria que la Justicia de Buenos Aires jamás llegó a recaraturar. Más de 100 mil robos quedaron afuera.

La falla metodológica distorsiona el mapa de la delincuencia en Argentina. Durante el último ejercicio se contabilizaron oficial e institucionalmente 284.018 Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) por delitos contra la propiedad.

Si los 103.085 hechos dejados en el limbo administrativo hubieran completado el circuito judicial, la masa estadística delictiva hubiese escalado un 36%. La app genera una planilla provisoria pero no logra consolidar la causa penal, escondiendo la verdadera dimensión del mapa delictivo.

El mapa del apagón estadístico en La Plata, Quilmes y San Martín

El impacto territorial compromete la retórica de los intendentes del Conurbano y de la Capital de la Provincia de Buenos Aires. En la ciudad de La Plata se registraron 15.155 denuncias bajo este limbo burocrático, representando el 16,5% del departamento judicial.

El fenómeno se repite de manera sistemática en Quilmes con 21.870 casos, San Martín con 22.534 y Mar del Plata acumulando 11.343 causas sin calificar. El subregistro golpea de lleno en La Plata.

La trampa del trámite presencial y el archivo masivo de causas

El nudo gordiano del sistema radica en un requisito insólito: para que la denuncia realizada desde el teléfono celular tenga curso, el damnificado debe presentarse presencialmente en la sede judicial dentro de los cinco días hábiles.

Datos de la Procuración General confirman que apenas el 1,87% de los usuarios cumplió ese paso. A septiembre de 2026, solo el 1,1% de las denuncias por app reunían simultáneamente la ratificación presencial y la recaratulación del fiscal. La trampa burocrática archiva las denuncias.

La utilización de herramientas digitales sin articulación con el Poder Judicial termina funcionando como un tapón administrativo. Mientras la administración que encabeza Axel Kicillof promociona la agilidad de los canales virtuales, miles de víctimas quedan atrapadas en la exigencia de concurrir a dependencias judiciales.

La falta de aclaraciones por parte de las autoridades de Seguridad profundiza las sospechas sobre la utilidad de los datos oficiales, donde la burocracia oculta la inseguridad diaria.

El desajuste estadístico condiciona el diseño de las políticas públicas y la asignación de patrullajes en el conurbano bonaerense. Sin un diagnóstico certero sobre la cantidad real de hechos delictivos, los recursos policiales se distribuyen sobre un mapa distorsionado.

La reforma de los protocolos entre la Secretaría de Seguridad y las fiscalías resulta urgente para evitar que miles de vecinos sigan denunciando en una aplicación que solo sirve para congelar expedientes en el olvido.

Lo que tenés que saber sobre las estadísticas del delito

• Subregistro masivo: 103.085 robos y hurtos quedaron fuera de las cifras oficiales bonaerenses por tipificación provisoria.

• Agujero en La Plata: El Departamento Judicial de La Plata acumuló 15.155 denuncias sin categoría penal asignada en 2025.

• Trampa del trámite: La Procuración General exige ir presencialmente a la fiscalía en 5 días; solo el 1,87% de los vecinos lo hizo.

• Causas congeladas: A septiembre de 2026, únicamente el 1,1% de las denuncias por la app Mi Seguridad llegó a consolidarse.

• Distorsión del 36%: Si se sumaran las causas cajoneadas, las estadísticas de robos en la Provincia de Buenos Aires crecerían un 36%.