La relación entre el Gobierno nacional y el sector agropecuario de la Provincia de Buenos Aires atraviesa un quiebre de gravedad institucional. El presidente de la Sociedad Rural de 9 de Julio, Hugo Enríquez, denunció formalmente que la administración que encabeza Javier Milei retiró a sus funcionarios y técnicos de la Mesa de Emergencia Hídrica local.

El portazo ocurre mientras el municipio intenta recuperarse de las inundaciones que paralizaron 173.500 hectáreas productivas, generando pérdidas estimadas en US$ 113,9 millones de dólares. Nación abandonó la mesa técnica.

El retiro de la representación técnica de la Nación golpea a un distrito de 420.000 hectáreas en Argentina, donde cerca del 50% de la superficie agrícola y ganadera quedó bajo las aguas.

Las pérdidas no solo recortaron los ingresos de los productores bonaerenses, sino que privaron al propio Estado nacional de recaudar US$ 30,4 millones de dólares en concepto de derechos de exportación. Pese a la masa de recursos que aporta la región, las autoridades nacionales retiraron el auxilio al distrito castigado.

Aislamiento rural en El Chajá y suspensión de clases presenciales

La parálisis estatal se traduce en un drama social en parajes como El Chajá, donde familias enteras permanecieron aisladas de los centros urbanos por vía terrestre.

El desborde de canales y la destrucción de alcantarillas en la Provincia de Buenos Aires obligó a docentes y alumnos de la Escuela Rural N.º 15 a utilizar embarcaciones y tractores para intentar dictar clases. El mapa vial auditado reveló que la totalidad de los caminos rurales evaluados carece de condiciones mínimas de transitabilidad.

Promesas incumplidas de Patricia Bullrich y la prórroga de Kicillof

La retirada técnica contrasta con los compromisos asumidos en 2025 por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien prometió partidas de asistencia que resultaron insuficientes para los reclamos de la zona.

Mientras el gobierno de Axel Kicillof oficializó la prórroga de la Emergencia y Desastre Agropecuario hasta el 31 de octubre de 2026, los productores demandan la culminación del Tramo 4 del Río Salado y obras en el nodo Bragado. El 75% de las obras sigue pendiente.

El abandono de los espacios de articulación genera indignación en el tejido productivo bonaerense. Los más de 3.000 actores económicos afectados exigen la creación de comisiones viales y la ejecución efectiva de las partidas presupuestarias.

La falta de respuestas del gobierno libertario a las entidades del campo erosiona su discurso de respaldo a las fuerzas del trabajo rural, dejando a los municipios sin apoyo federal.

La reconstrucción del entramado productivo demandará años de inversión en conectividad e infraestructura básica. Mientras los lotes intentan recuperar su ventana de siembra, la falta de presencia técnica de la Nación complica la planificación hídrica a largo plazo en Buenos Aires.

Las entidades del agro reclaman explicaciones urgentes al Poder Ejecutivo nacional, exigiendo que los recursos que genera la región vuelvan en obras para evitar nuevos desastres.