En Quilmes, la gestión de Mayra Mendoza quedó frente a una pregunta que no se resuelve con discursos ni comunicados: ¿cómo se controlaba el combustible comprado con dinero de los vecinos? La Justicia acaba de condenar a Pablo Daniel Farías, chofer de Servicios Públicos, por sustraer 120 litros de gasoil de un camión municipal en Bernal el 15 de abril de 2025. La sentencia acredita un delito cometido dentro de la estructura municipal que encabezaba Mendoza y obliga a examinar la eficacia de sus controles administrativos. El trabajador recibió tres años de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.

Lo sacaba en bidones

La escena que reconstruyó la investigación judicial ocurrió en pleno horario laboral, alrededor de las 10.30, en Caseros y Monteagudo, Bernal. Farías estaba a cargo de un camión Ford Cargo municipal cuando fue sorprendido extrayendo combustible mediante una manguera y almacenándolo en bidones. No se trataba de combustible particular ni de un recurso sin destino: era gasoil perteneciente al municipio, adquirido para sostener servicios que necesitan los vecinos. Los investigadores encontraron cuatro bidones que reunían los 120 litros sustraídos.

La intervención policial permitió detectar la maniobra y reunir pruebas para el proceso penal. El juez Fernando Celesia, del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 1 de Quilmes, condenó al trabajador por peculado, conforme a la acusación sostenida por la fiscal María de los Ángeles Attarian Mena. El expediente terminó con una responsabilidad penal individual acreditada, pero la sentencia conocida no informa si el sistema municipal había detectado previamente alguna anomalía en el consumo de ese vehículo. Esa es una de las cuestiones que la administración debe esclarecer.

Mayra Mendoza no puede desentenderse del funcionamiento de su propia administración

El delito ocurrió durante el mandato de Mendoza, cuando la conducción municipal tenía la responsabilidad de organizar y supervisar las áreas que administraban recursos públicos. Eso no significa que la entonces intendenta haya conocido o autorizado la maniobra, algo que no está acreditado. Significa que su gestión debe poder explicar qué controles existían sobre las cargas de combustible, las planillas de consumo, los recorridos y la custodia de los vehículos. La responsabilidad política por el funcionamiento de una administración es distinta de la responsabilidad penal de quien comete un robo.

Una auditoría podría determinar si había registros diarios de carga, sistemas de identificación de vehículos, conciliaciones con facturas y mecanismos de alerta frente a consumos anormales. También permitiría conocer quién revisaba esos datos y con qué frecuencia. La pregunta que incomoda a cualquier administración es si sus procedimientos estaban diseñados para detectar un desvío antes de que interviniera la Policía. No se encontró documentación pública suficiente para establecer qué controles específicos funcionaban en el momento del hecho.

El combustible no era de la política: era de los vecinos

Cada compra municipal de gasoil tiene una finalidad concreta: mantener operativos vehículos y equipos que prestan servicios públicos. Por eso, una sustracción no afecta solamente el patrimonio contable del municipio; compromete recursos que deberían estar disponibles para tareas comunitarias. La obligación de cuidar esos bienes corresponde tanto a los trabajadores que los utilizan como a las autoridades encargadas de establecer controles eficaces. La sentencia demuestra que esa obligación fue vulnerada por el empleado condenado.

En un municipio que debe responder a necesidades permanentes de mantenimiento urbano, limpieza e infraestructura, la administración de los insumos merece especial atención. No hay elementos para afirmar que este robo haya provocado la suspensión de un servicio específico, pero sí está acreditado que el combustible municipal fue retirado ilegalmente de un vehículo oficial. La conducción política debería informar cuánto combustible compra, cómo se distribuye y qué mecanismos utiliza para verificar que llegue a su destino. Es información esencial para evaluar la gestión de los recursos públicos.

¿Un solo condenado o un sistema que necesita una auditoría?

El fallo juzgó un hecho concreto y atribuyó responsabilidad a Farías. Sin embargo, la denuncia política que rodea el caso plantea sospechas sobre posibles desvíos reiterados y sobre la eventual participación de otras personas. Esos señalamientos no pueden darse por ciertos sin pruebas, pero tampoco sustituyen la necesidad de revisar los registros municipales para determinar si existieron otras irregularidades. Las fuentes judiciales consultadas no acreditan una organización integrada por funcionarios, concejales o proveedores.

Si la gestión de Mendoza contaba con un sistema confiable de control, debería poder exhibir sus resultados y explicar cómo respondió después del hecho. Si detectó fallas, correspondería informar qué cambios introdujo. El silencio documental sobre las medidas adoptadas no demuestra encubrimiento, pero deja sin respuesta una pregunta legítima sobre la prevención de nuevos robos. La publicación de auditorías y sumarios permitiría despejar dudas con hechos verificables.

Los proveedores y los funcionarios también deben rendir cuentas sobre los procedimientos

La compra y distribución de combustible involucra distintas etapas administrativas: contratación del proveedor, autorizaciones de carga, entrega, facturación y control del consumo. Para investigar eventuales desvíos más amplios sería necesario revisar cada uno de esos pasos. La responsabilidad de un proveedor o de un funcionario no puede presumirse por su participación en ese circuito; debe surgir de documentos, incumplimientos comprobados o pruebas concretas. La sentencia conocida no establece complicidad de la empresa suministradora.

También corresponde conocer si el Concejo Deliberante recibió informes sobre el caso y si se solicitaron auditorías después de abril de 2025. La fiscalización de los recursos municipales no debería depender únicamente de que un episodio llegue a juicio. Un sistema de controles serio tiene que funcionar antes, durante y después de cada contratación, y permitir que las autoridades rindan cuentas de sus decisiones. Esa exigencia alcanza a toda la estructura de gobierno.

La condena terminó en Tribunales; las explicaciones siguen pendientes

La pena impuesta a Farías fue de tres años de prisión de ejecución condicional, acompañada por la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos. La defensa había cuestionado la participación del acusado y solicitado una calificación más leve, pero el juez mantuvo el encuadre de peculado. La Justicia resolvió quién debía responder penalmente por los 120 litros sustraídos; la administración municipal todavía tiene que explicar públicamente cómo controlaba ese recurso. Son dos responsabilidades diferentes y ambas importan.

La sentencia ofrece una oportunidad para transparentar la gestión del combustible en Quilmes. Sería pertinente conocer las compras realizadas durante 2025, los controles aplicados a la flota y las actuaciones administrativas posteriores al descubrimiento del delito. Mayra Mendoza debe responder políticamente por los procedimientos de la administración que encabezaba, sin que esa exigencia implique atribuirle una conducta delictiva no demostrada. Los vecinos tienen derecho a una explicación documentada.

El verdadero examen para la gestión de Mendoza

La discusión no debería agotarse en la condena de un chofer municipal. Un sistema de administración pública confiable debe impedir que los recursos queden expuestos a maniobras indebidas y detectar rápidamente cualquier irregularidad. El caso plantea una prueba concreta de gestión: demostrar qué mecanismos existían para proteger el combustible y qué medidas se tomaron cuando esos mecanismos no evitaron la sustracción. Sin esa información, el debate queda reducido a acusaciones y respuestas políticas.

Mendoza no fue condenada ni imputada en la causa de Farías, según la información judicial publicada. Pero el robo ocurrió dentro de un área que funcionaba bajo su administración, y eso justifica exigirle explicaciones sobre supervisión, auditorías y prevención. La condena no demuestra una trama de corrupción municipal; sí demuestra que se sustrajo combustible público y que la ciudadanía merece saber qué hizo su gobierno para impedir que volviera a ocurrir. Esa es la responsabilidad política que permanece abierta.