El esquema de seguridad pública en la Provincia de Buenos Aires atraviesa un escándalo de manipulaciones presupuestarias y estadísticas. Bajo la gestión del ministro Javier Alonso y la conducción de Axel Kicillof, la aplicación Mi Seguridad se convirtió en un filtro burocrático que esconde el verdadero mapa delictivo en Argentina.

Durante el último ejercicio se originaron 225.398 Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) mediante la plataforma, pero 122.867 causas quedaron estacionadas sin categoría penal. Alonso maquilla las cifras del delito.

La irregularidad contable distorsiona el balance de la seguridad en la Provincia de Buenos Aires. Un total de 103.085 presentaciones iniciadas por los ciudadanos como robos o hurtos quedaron excluidas de los cómputos oficiales.

De haberse sumado esas denuncias digitales a las 284.018 causas contabilizadas formalmente en el fuero penal, el índice delictivo hubiese experimentado un incremento directo de hasta el 36%. La maniobra institucional consiste en recepcionar la queja en el teléfono móvil pero impedir que compute como delito oficial.

El zarpazo estadístico en La Plata, Berisso, Ensenada y Quilmes

La distorsión territorial golpea con dureza a los departamentos judiciales del Conurbano y la región capital. En el Departamento Judicial de La Plata —que abarca la capital provincial, Berisso y Ensenada— un total de 15.155 denuncias quedaron congeladas en la clasificación provisoria. La situación se repite en Quilmes con 21.870 casos, San Martín con 22.534 y Mar del Plata con 11.343. Los vecinos denuncian la sustracción de sus pertenencias mientras las comisarías y fiscalías cajonean las carpetas en carpetas provisorias.

Burocracia presencial, el negocio con Soflex SA y el rol de las fiscalías

La trampa del sistema reside en un requisito burocrático deliberado: la víctima debe concurrir presencialmente a la fiscalía dentro de los cinco días para ratificar el trámite, requisito que cumplió apenas el 1,87% de los usuarios.

Pese a que el Ministerio paga contratos de hasta US$ 400.000 dólares anuales a la firma Soflex SA para mantener el módulo informático, el 41% de las denuncias ratificadas en persona continuaba sin carátula penal. El aparato digital funciona como una cortina de humo que gasta divisas mientras cajonea expedientes.

Las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires evitan responder los requerimientos sobre la falta de transparencia en la recaratulación de las causas. Aunque la herramienta nació durante el mandato de María Eugenia Vidal, la administración actual consolidó un procedimiento de desincentivo que empuja al archivo masivo de actuaciones.

La falta de articulación con la Procuración General deja a las víctimas desprotegidas en los mostradores judiciales, sin poder seguir el recorrido de sus causas.

La falta de auditación sobre los datos delictivos liquida la credibilidad de las políticas de prevención en el conurbano bonaerense. Sin estadísticas certeras, la distribución de patrulleros y partidas presupuestarias responde a la rosca política antes que a las necesidades de los barrios.

El ministro Alonso y las autoridades judiciales deberán rendir cuentas sobre la manipulación de los registros públicos, en un distrito donde la burocracia estatal trabaja para tapar la inseguridad.