El escándalo de la financiera trucha Avalon Capital Futures Investments no es una simple estafa entre privados: es la radiografía perfecta de un municipio acéfalo de controles y de un intendente, Pablo Descalzo, que heredó el sillón pero le quedó gigantesco el traje de la gestión. Que una organización criminal operara una cueva de captación ilegal de ahorros por cifras millonarias en dólares desde las exclusivas oficinas del Complejo Thays de Parque Leloir, exhibe una falla estructural gravísima en el poder de policía comunal y deja al Ejecutivo local contra las cuerdas.

La maniobra, liderada por el prófugo Juan Ignacio Lombardo y el detenido Ángel Elías Gómez, funcionaba a la vista de todos. Prometían rendimientos insostenibles de hasta el 5% mensual en dólares, movían vehículos de alta gama en la puerta y estafaban a inversores con sumas que escalaban hasta los 350.000 dólares por víctima. La gran pregunta que hoy se hacen los vecinos y que Descalzo intenta esquivar con un silencio cómplice es elemental: ¿Cómo es posible que una financiera ilegal operara en el corazón comercial más cotizado del distrito sin que ningún inspector municipal notara absolutamente nada?.

El municipio de Ituzaingó tiene la obligación indelegable de fiscalizar, otorgar habilitaciones comerciales acordes y controlar qué tipo de actividades se desarrollan detrás de las puertas cerradas de los complejos corporativos. Si Avalon Capital tenía una habilitación trucha, la secretaría correspondiente debe actuar; si operaba sin papeles, estamos ante una zona liberada indiscutible. La narrativa oficial de una gestión ordenada se derrumba ante la cruda realidad: el municipio recauda tasas, persigue al comerciante de barrio, pero es incapaz de detectar guaridas financieras que mueven capitales oscuros en zonas VIP.

Esta crisis no se resuelve con comunicados lavados ni escondiendo la cabeza bajo la tierra. El intendente Descalzo tiene que dar la cara, abrir los expedientes de habilitación del Complejo Thays, mostrar las actas de inspección y explicarle a la ciudadanía si la secretaría de Inspección General estaba durmiendo la siesta o si existía un esquema de protección para que los estafadores hicieran negocios con total libertad.

Mientras la Justicia avanza con allanamientos y secuestros de contratos que comprometen a la cúpula de esta estafa piramidal, la responsabilidad política del intendente es ineludible. Pablo Descalzo demuestra una impericia alarmante para custodiar los intereses del distrito, transformando a Ituzaingó en una tierra de nadie donde los vivos hacen negocios con los ahorros ajenos bajo las narices de un Estado municipal inútil, ausente y cómplice.