El discurso de austeridad y meritocracia que pregona el gobierno de Javier Milei volvió a crujir en los pasillos de la Casa Rosada. La Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, firmó la designación y posterior prórroga transitoria de Rocío Gómez, una militante libertaria de 23 años vinculada a las agrupaciones juveniles oficialistas y al entorno de la familia Menem.

Mediante la Resolución 168/2025, la hermana del Presidente le otorgó el cargo de Coordinadora de Seguimiento de Proyectos Gubernamentales con nivel B, grado 0, y el plus salarial correspondiente a la Función Ejecutiva IV, que representa una caja mensual cercana a los $3,6 millones de pesos brutos. 

La medida administrativa formalizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expone un evidente privilegio institucional. Para consagrar el nombramiento de la joven de 23 años en la Secretaría General de la Presidencia, la funcionaria debió firmar una cláusula de excepción al artículo 14 del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), dispensándola de cumplir con los requisitos mínimos de idoneidad, título universitario o años de experiencia previa en la administración del Estado en la Argentina.

El padrinazgo de Lule Menem y el incumplimiento del plazo de concurso

El desembarco de Gómez en la estructura estatal de Balcarce 50 se gestó a través de la Subsecretaría de Gestión Institucional, conducida por Eduardo "Lule" Menem, y su cercanía con Sharif Menem.

Pese a que el nombramiento inicial fijaba un plazo obligatorio de 180 días hábiles para convocar a un concurso público de oposición y antecedentes, el Ejecutivo omitió el procedimiento. Vencido el término, Karina Milei volvió a poner la firma estampando la Resolución 530/2025, renovando la designación por otro período sin completar el examen regular. Prorrogaron el cargo sin convocar a concurso.

Otra protegida de Karina: Rocío Gómez y la firma que garantiza los privilegios VIP para llegar a ser funcionaria Rocío Gómez tiene 23 años, viene de la militancia universitaria liberal y llegó al entorno de Karina Milei de la mano de Sharif Menem. Hoy participa del armado juvenil de LLA y tiene un cargo en la subsecretaría de Lule Menem. Para nombrarla coordinadora de Seguimiento de Proyectos Gubernamentales, Karina firmó una excepción a los requisitos mínimos del escalafón. La designación incluyó categoría B, grado 0, y un suplemento salarial por Función Ejecutiva IV. El nombramiento era transitorio y ordenaba cubrir el puesto mediante el procedimiento de selección correspondiente dentro de 180 días hábiles. Pero al renovarlo, la propia Secretaría reconoció que no había convocado a selección. Karina volvió a firmar y mantuvo la excepción por no reunir los requisitos mínimos. La resolución no detalla cuáles le faltaban. El artículo al que la exceptuaron exige formación y experiencia para acceder a esa categoría. El caso tampoco es aislado. Alberto Oscar García, María Alejandra Miguez, Carlos Andrés Basmajian Luzzi y Carolina Patricia Raggiati recibieron prórrogas firmadas por Karina con excepciones al mismo artículo y con la selección pendiente. Un modus operandi documentado: se designa por excepción, no se convoca a selección y se renueva por razones operativas.

— Beto Valdez (@betovaldez) October 17, 2026

Un patrón sistemático en la Secretaría General de la Presidencia

La investigación periodística confirma que la designación de Gómez no constituye un hecho aislado dentro del organigrama oficialistam. Traslados y prórrogas bajo el mismo mecanismo de excepción al SINEP salpican los expedientes de otros funcionarios como Alberto Oscar García, María Alejandra Miguez, Carlos Andrés Basmajian Luzzi y Carolina Patricia Raggiati.

La repetición de este atajo administrativo demuestra que la dispensación de requisitos dejó de ser un recurso extraordinario para transformarse en un método habitual de asignación de sueldos jerárquicos a la tropa militante. Las excepciones se convirtieron en regla.

Las objeciones sobre la conducta de la Secretaria General desarticulan la narrativa contra los privilegios de la política tradicional. Utilizar resoluciones discrecionales para beneficiar a cuadros juveniles sin acreditar los antecedentes requeridos por el escalafón público deteriora la calidad de la gestión institucional.

Las organizaciones que velan por la ética pública exigen que el Gobierno nacional publique los expedientes completos y rinda cuentas sobre las competencias que justifican desembolsos de esta magnitud. El relato anticasta choca con los decretos.

El caso de la coordinadora de 23 años expone el doble estándar en la administración de las partidas del Tesoro Nacional. Mientras la gestión centralizada aplica recortes sobre el personal de carrera y congela vacantes operativas, los despachos cercanos al círculo íntimo de la Casa Rosada otorgan suplementos ejecutivos sin fiscalización externa. Karina Milei enfrenta la obligación de explicar las razones que llevaron a suspender los concursos públicos en favor de sus allegados, demostrando si la meritocracia rige para todos o solo para el Boletín Oficial.