El martes 20 de octubre de 2026, unos 184.000 abogados con matrícula federal estarán habilitados para elegir cuatro representantes ante el Consejo de la Magistratura de la Nación. Una de las listas lleva al frente al platense Fernando Pablo Levene, expresidente del Colegio de la Abogacía de La Plata, respaldado por una alianza que reúne al rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Diego Molea, al senador radical Maximiliano Abad, al gobernador cordobés Martín Llaryora y a intendentes peronistas del conurbano. Detrás de una elección profesional se despliega una negociación política que atraviesa partidos, universidades y gobiernos municipales.

Diego Molea, el articulador de una alianza entre radicales y peronistas

El armado de Abogacía Federal, la Lista 1, tiene a Molea como uno de sus principales impulsores. El exintegrante del Consejo de la Magistratura logró reunir sectores del peronismo bonaerense y cordobés, dirigentes radicales y representantes de colegios profesionales en una misma propuesta. La particularidad del acuerdo es que reúne actores que compiten entre sí en las elecciones partidarias, pero encontraron intereses institucionales comunes para disputar representación en el organismo judicial.

Levene aporta su trayectoria como expresidente del Colegio de Abogados de La Plata y su condición de conjuez de la Suprema Corte bonaerense. También representa el interés de sectores de la abogacía platense por alcanzar una banca en el organismo nacional. La candidatura combina una trayectoria profesional reconocible con una red de respaldos políticos que excede ampliamente el ámbito de los colegios de abogados.

Los intendentes del conurbano también se metieron en la elección

El respaldo peronista quedó expuesto en septiembre, durante una reunión con Gastón Granados, Andrés Watson, Federico Otermín, Nicolás Mantegazza, Jorge Ferraresi y Mariano Cascallares. Los jefes comunales participaron de un encuentro con Molea, Levene, la consejera María Fernanda Vázquez y el consejero Hugo Galderisi para expresar su acompañamiento a Abogacía Federal. La presencia de intendentes muestra que esta elección profesional también forma parte de las conversaciones políticas que mantienen distintos sectores del peronismo bonaerense.

Los dirigentes municipales pertenecen a espacios internos que no siempre coinciden en la discusión provincial. Sin embargo, alrededor de la candidatura de Levene aparecen compartiendo una misma iniciativa. Esa coincidencia no demuestra la existencia de un acuerdo sobre todas las disputas pendientes, pero sí documenta una articulación política concreta en torno al Consejo de la Magistratura.

Abad y Llaryora amplían el acuerdo

La participación de sectores vinculados con Maximiliano Abad y el gobernador Martín Llaryora le otorga al armado una dimensión nacional. También aparece el exconsejero Miguel Piedecasas, referente con experiencia en el organismo. La elección se realiza en distrito único, de modo que los acuerdos en distintas provincias tienen importancia para reunir votos entre abogados matriculados de todo el país.

La lista se completa con Sandra Silvina París, exdiputada provincial radical y actual secretaria de Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional de La Plata; Eduardo Daniel Awad y Myriam Beatriz Londero. Sus suplentes son Juan Manuel Aráoz Ortega, Alejandra Marcela Lázzaro, Carlos Gustavo Ensinck y Laura Ángela Martínez. La composición expresa la intención de reunir representación profesional de distintas jurisdicciones y trayectorias políticas dentro de una misma nómina.

La Corte bonaerense aparece en las conversaciones de fondo

La elección nacional coincide con otra discusión institucional de gran importancia: la Suprema Corte de Justicia bonaerense mantiene cuatro vacantes, cuya cobertura requiere decisiones del gobernador Axel Kicillof y acuerdos políticos en el Senado provincial. Según informó Infobae, algunos intendentes y sectores legislativos consideran que esos nombramientos forman parte de una negociación más amplia. La coincidencia entre los dirigentes que respaldan a Levene y quienes participan de las conversaciones provinciales vuelve relevante examinar cómo se relacionan ambas discusiones.

Entre los nombres mencionados para una eventual designación en la Corte aparece María Fernanda Vázquez, actual consejera nacional y decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Sin embargo, no existe una nominación formal confirmada para ese cargo. La posibilidad de su candidatura judicial es una versión política publicada, no una designación decidida por Kicillof.

Desde la Gobernación bonaerense rechazan que la cobertura de la Corte deba vincularse con la discusión sobre las reelecciones de intendentes. Otros sectores legislativos sostienen que ambas cuestiones forman parte de una negociación institucional más amplia. Las posiciones están enfrentadas, y las fuentes consultadas no acreditan que exista un pacto cerrado para intercambiar cargos judiciales por apoyos legislativos.

La Plata también participa de esta disputa

El Colegio de la Abogacía de La Plata (CALP) presentó la candidatura de Levene ante más de 500 profesionales reunidos en su Salón de Actos. La presidenta de la institución, Marina Mongiardino, destacó el objetivo de llevar al Consejo nacional la experiencia del colegio platense. La candidatura tiene un componente local concreto: conseguir representación directa para un sector de la abogacía de La Plata en el organismo encargado de seleccionar y controlar magistrados federales.

Durante la presentación, Levene propuso crear un observatorio del ejercicio profesional federal para detectar demoras, dificultades administrativas y problemas de atención. También se anunciaron iniciativas de capacitación, simplificación de trámites de matrícula, espacios para abogados en tribunales y mayor transparencia institucional. Son propuestas específicas que permiten evaluar la plataforma de la lista más allá de los dirigentes que respaldan su candidatura.

Cuatro listas, cuatro bancas y distintas alianzas políticas

La competencia tendrá cuatro nóminas. Abogacía Federal, encabezada por Levene; Abogacía por la Libertad, liderada por Luis Palomino, vinculada a sectores libertarios; Unidad en Defensa de la Abogacía, encabezada por Alberto Biglieri, con respaldos de sectores profesionales y dirigentes relacionados con Daniel Angelici; y Abogacía Unida y Dignidad Profesional, liderada por Itatí Demarchi Arballo, con referencias políticas como Juan Manuel Olmos y Mariano Recalde. La pluralidad de listas confirma que el estamento de la abogacía reúne corrientes profesionales y políticas diferentes, sin que ninguna pueda presentarse como representante de todo el sector antes de la votación.

Los cuatro consejeros electos integrarán el organismo durante el período 2026-2030. El Consejo participa en la selección de magistrados federales, interviene en procedimientos disciplinarios y cumple funciones de administración judicial. Por eso la elección tiene consecuencias institucionales que van mucho más allá de una disputa entre colegios profesionales.

El interrogante es cómo se ejercerá la representación

El Consejo de la Magistratura combina representantes de la política, los jueces, los abogados y el ámbito académico. La existencia de respaldos partidarios no constituye por sí misma una irregularidad, pero sí plantea preguntas sobre la independencia de criterio de quienes resulten elegidos. El desafío de cualquier lista será demostrar que sus representantes pueden defender a los abogados y cumplir sus funciones institucionales sin quedar subordinados a los intereses de quienes respaldaron su candidatura.

En el caso de Levene, la amplitud del acuerdo es uno de los datos centrales de la campaña. Molea, Abad, Llaryora, intendentes del PJ y dirigentes profesionales confluyen en una elección cuyo resultado se conocerá después del 20 de octubre. La votación determinará la representación de la abogacía; las negociaciones por la Corte bonaerense seguirán un procedimiento diferente y todavía no tienen una resolución anunciada.