El entramado judicial de la República Argentina enfrenta un caso testigo sobre violencia de género y abuso de poder en los tribunales. Nueve años después de la presentación inicial formalizada en 2017, la causa penal contra el exfiscal federal de San Martín, Miguel Ángel Blanco García Ordás, volvió a los estrados de la Cámara Federal de Casación Penal.

La Sala I del tribunal de alzada deberá resolver la apelación impulsada por la querella contra el segundo sobreseimiento dictado en favor del exfuncionario, acusado por su exjefa de despacho, María Aurelia, por haber protagonizado presuntos abusos sexuales y rozamientos no consentidos dentro de la fiscalía. 

El expediente —que acumula fallos contradictorios entre los tribunales de la Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires— expone la dificultad de la corporación judicial para auditar las denuncias contra sus propios integrantes. La causa incluye testimonios de acoso persistente, exibiciones de material no solicitado en el despacho, insinuaciones de contenido sexual condicionando un ascenso a la categoría de secretaria y la incorporación de tarjetas festivas con dedicatorias obscenas como la frase

"¡Mucho sexo!". Exigen juzgar la causa con perspectiva de género.

Los dos episodios clave y la marcha atrás de la Cámara de San Martín

La acusación penal concentra el foco en dos hechos graves ocurridos dentro del edificio de la fiscalía. En el primero, el funcionario tomó a la empleada de los hombros y la arrinconó contra un mueble para realizarle comentarios sobre su vestimenta e intimidad. El segundo episodio ocurrió en el sector de cocina, donde la denunciante testificó que el fiscal ejecutaba rozamientos con su zona genital.

Tras una primera anulación ordenada por la propia Casación en 2022 por omitir la perspectiva de género, en septiembre de 2024 el juez federal de la causa dictó el procesamiento del exmagistrado con un embargo de $1.500.000 de pesos. El procesamiento de 2024 fue revertido rápidamente.

El conflicto por el sobreseimiento y el rol de la Sala I de Casación

Pese al avance de las actuaciones, en diciembre de 2024 la Sala II de la Cámara Federal de San Martín volvió a sobreseer a García Ordás, argumentando la "improbabilidad" de que los abusos ocurrieran en una dependencia con tránsito habitual de personas.

Ese razonamiento fue nuevamente cuestionado por la querella por reproducir estereotipos que atentan contra la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de violencia contra la mujer.

La Sala I de Casación debe expedirse ahora para ratificar la clausura de la causa o disponer la elevación a juicio oral. Casación definirá si el exfiscal va a juicio.

El recorrido del expediente pone de manifiesto la revictimización laboral que padecen las empleadas públicas al denunciar a sus superiores jerárquicos. Dilatar durante casi una década la definición de una acusación por abuso de poder en el seno del Ministerio Público Fiscal debilita los canales institucionales de recepción de denuncias.

La intervención del tribunal de alzada resultará determinante para sentar jurisprudencia sobre el valor probatorio del testimonio de la víctima en entornos de asimetría laboral. Las demoras judiciales erosionan la credibilidad del fuero.

La resolución definitiva del caso García Ordás fijará los estándares de juzgamiento ético y penal dentro de la Justicia federal argentina. Mientras la defensa del exjefe judicial sostiene su inocencia amparándose en la revocación de su procesamiento, la querella reclama que las pruebas integradas se analicen en un debate oral y público.

Garantizar el debido proceso y la tutela judicial efectiva para ambas partes es la única respuesta idónea que puede ofrecer el Poder Judicial frente a una denuncia que conmocionó a los tribunales de San Martín. La decisión del máximo tribunal penal es inminente.

Lo que tenés que saber sobre la causa contra García Ordás

• Causa a Casación: La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal debe definir el sobreseimiento del exfiscal Miguel Ángel Blanco García Ordás.

• Denuncia por abuso: Una exjefa de despacho de la fiscalía de San Martín lo denunció en 2017 por acoso, abuso sexual y condicionar un ascenso.

• Pruebas en el expediente: Incluyen tarjetas con frases como "¡Mucho sexo!", testimonios de rinconamientos y rozamientos no consentidos.

• Idas y vueltas: Tuvo un sobreseimiento en 2020 (anulado en 2022), un procesamiento con embargo en septiembre de 2024 y un nuevo sobreseimiento en diciembre de 2024.

• Sin condena firme: El exfiscal no registra condena penal y la defensa sostiene que los hechos no pudieron ser demostrados.