La Justicia de la Provincia del Chubut dio un paso decisivo en la causa que investiga uno de los fraudes habitacionales más voluminosos de la historia reciente de Comodoro Rivadavia. El fiscal Martín Cárcamo presentó la acusación formal contra cinco mujeres por un total de 594 hechos de estafa reiterada, solicitando la realización de un juicio por jurados. La principal imputada es Vanesa Elizabeth Fita (43 años), hermana del diputado provincial y presidente del Partido Justicialista (PJ) chubutense, Gustavo Fita.

La Fiscalía le atribuye el rol de organizadora de una maniobra que defraudó en al menos $59,4 millones de pesos a familias que buscaban acceder a una vivienda social del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). La Fiscalía pidió hasta 8 años de prisión para Vanesa Fita.

La investigación reconstruyó un patrón operativo desplegado entre abril de 2023 y febrero de 2024. Según el requerimiento fiscal, las imputadas captaban a las víctimas ofreciendo la adjudicación inmediata de casas supuestamente terminadas o próximas a entregarse.

Para ingresar a los padrones fraudulentos, las familias debían transferir $100.000 pesos ($80.000 bajo el falso concepto de arancel para el IPV y $20.000 para gastos de conexiones eléctricas), dinero que no ingresaba al organismo provincial, sino que finalizaba en cuentas bancarias privadas y billeteras virtuales de las acusadas. Captaban $100.000 por familia mediante transferencias virtuales.

Falsas gestiones, invocación de Arcioni y la estructura de imputadas

Para sostener el engaño durante meses, la red articulaba reuniones presenciales y grupos de WhatsApp donde enviaban planillas con membretes apócrifos y excusas burocráticas para justificar los constantes retrasos.

En los testimonios incorporados al expediente, una de las denunciantes declaró que Vanesa Fita aseguraba contar con el respaldo directo del entonces gobernador Mariano Arcioni y de funcionarias de su gestión para agilizar las adjudicaciones, argumento utilizado como elemento de persuasión.

El requerimiento de Cárcamo precisa que la imputación alcanza también con distintos grados de participación a María Victoria Curán (400 hechos), Camila Lara Páez (320 hechos), Lucía Lorena Miranda (130 hechos) y Gisela Belén Mansilla (4 hechos), con pedidos de pena que oscilan entre 1 y 6 años de cárcel. Invocaron al exgobernador Arcioni para infundir confianza.

Impacto político en el PJ y el control de acusación judicial

La vinculación directa con el presidente del PJ provinciano dota al caso de una innegable resonancia en la agenda política de Chubut, aunque la imputación fiscal no atribuye participación ni responsabilidad penal al legislador Gustavo Fita.

El expediente ingresará a la instancia de audiencia de control de acusación, donde la Oficina Judicial deberá definir si la prueba documental (comprobantes bancarios, chats de Messenger y auditorías de transferencias) reúne la solidez necesaria para elevar la causa a un juicio por jurados populares. La causa no salpica penalmente al diputado Fita pero impacta en el PJ.

El ardid investigado explotó la necesidad habitacional en un contexto de vulnerabilidad económica para comercializar adjudicaciones inexistentes. El Poder Judicial de Chubut tiene ante sí la responsabilidad de garantizar un juzgamiento transparente que deslinde las conductas penales e intente ofrecer vías de reparación a las 594 familias damnificadas.

Determinar la culpabilidad de las acusadas en un debate oral representará una señal institucional indispensable contra la especulación con las viviendas del Estado, demostrando que las influencias políticas no otorgan impunidad ante la ley.

Lo que tenés que saber sobre la causa por las casas del IPV

• Acusación fiscal: El fiscal Martín Cárcamo acusó a cinco mujeres por 594 estafas con casas sociales en Comodoro Rivadavia.

• Imputada principal: Vanesa Elizabeth Fita, hermana del presidente del PJ chubutense Gustavo Fita, enfrenta un pedido de 6 a 8 años de prisión.

• Monto del fraude: El perjuicio económico acreditado supera los $59,4 millones de pesos.

• Modus operandi: Exigían $100.000 por familia en transferencias para supuestos trámites de adjudicación del IPV.

• Mención a Arcioni: La causa reveló que invocaban falsamente al exgobernador Mariano Arcioni para dar credibilidad a las entregas.