Transitar por el territorio bonaerense se ha transformado en una ruleta rusa institucional. Tras casi ocho años de gestión de Axel Kicillof al frente de la provincia de Buenos Aires, la red vial refleja una postal de abandono absoluto, desidia presupuestaria y una peligrosa vocación por eludir responsabilidades, echando culpas crónicas a factores externos mientras las trazas provinciales colapsan.

El resultado de esta inacción no se mide solo en centímetros de asfalto destruido, sino en vidas humanas. Los informes del Observatorio de Datos Estratégicos exponen una tragedia recurrente: solo en el mes de julio, las rutas bonaerenses se cobraron 63 víctimas fatales, registrando un alarmante incremento del 28% en comparación con el periodo previo. Del total de muertes, el 61,9% de los siniestros se concentró en corredores rápidos, donde las rutas provinciales aportaron 17 fallecidos directos en apenas 9 accidentes, mientras que las nacionales sumaron otros 22 decesos (34,9%). Detrás de la fría estadística, con una edad promedio de las víctimas de 39,8 años (y un desglose donde el 68,2% fueron varones y el 31,8% mujeres), hay familias destrozadas por una infraestructura calamitosa.

Lejos de asumir el costo político de la desidia, la administración provincial opta sistemáticamente por el latiguillo de la coartada ajena. Cada bache monumental, cada carpeta asfáltica desintegrada y cada tragedia son respondidos desde La Plata con dedos acusadores hacia el Gobierno nacional, recortes macroeconómicos o herencias recibidas, olvidando convenientemente que gobiernan el distrito desde hace casi ocho años.

Un ejemplo paradigmático de esta decadencia estructural ocurre en el norte provincial, donde tramos enteros como la Ruta Provincial 50 —entre Colón y la rotonda de Pearson— exhiben la friolera de 156 pozos en tan solo 25 kilómetros. Un verdadero campo minado por el que circulan diariamente camiones cerealeros hacia los puertos de Rosario. Ante la presión insostenible de los productores agropecuarios, las autoridades provinciales apenas atinan a prometer soluciones de coyuntura para este mes, evidenciando una improvisación constante que llega tarde y mal.

Mientras el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, reconoce tibiamente que el modelo actual "no da abasto" y lanza propuestas abstractas de consorcios camineros para tercerizar lo que el Estado no sabe ni quiere administrar, la recaudación impositiva y las tasas viales siguen su curso sin una rendición de cuentas transparente hacia los contribuyentes.

Los bonaerenses pagan sus impuestos y sostienen con creces el aparato provincial, pero reciben a cambio banquinas tapadas de yuyos, señalización inexistente y rutas convertidas en trampas mortales. Casi ocho años de gestión continuada evidencian que el problema no es la falta de tiempo, sino la ausencia total de prioridades eficaces y la comodidad constante de buscar culpables en la vereda de enfrente, mientras la tragedia sigue sumando nombres en el asfalto destrozado.