El martes 20 de octubre de 2026, los abogados con matrícula federal votaron a sus cuatro representantes para el Consejo de la Magistratura de la Nación y el escrutinio provisorio dejó un escenario político contundente: la lista respaldada por Daniel Angelici y Ricardo Gil Lavedra, encabezada por Alberto Biglieri, obtuvo el primer puesto y se quedaría con dos bancas. La elección mostró el peso de los acuerdos profesionales y las estructuras políticas en uno de los organismos más sensibles del Poder Judicial. En el extremo opuesto quedó la nómina identificada con La Libertad Avanza, que terminó cuarta con apenas el 7,62% de los votos y sin representación.
La lista Unidad en Defensa de la Abogacía consiguió 10.859 votos, equivalentes al 33,63%, con 165 de las 166 mesas escrutadas, según el cómputo no oficial difundido durante la noche. Ese resultado permitiría el ingreso de Alberto Biglieri y Claudia Sarmiento, dos de los cuatro representantes que tendrán los abogados en el Consejo durante el período 2026-2030. El espacio logró transformar el respaldo de colegios profesionales y referentes políticos en representación institucional. No fue una victoria arrolladora: la diferencia con el segundo puesto resultó estrecha.
Detrás de la candidatura de Biglieri confluyeron dirigentes vinculados con Angelici, sectores del radicalismo, la conducción del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y agrupaciones del interior. Gil Lavedra fue una de las figuras que impulsaron la construcción de esa alianza. El resultado exhibe una capacidad de articulación que no depende de una sola identidad partidaria, sino de vínculos sostenidos dentro del mundo judicial y profesional. Esa red fue decisiva para reunir apoyos en distintas jurisdicciones.
La segunda posición correspondió a Abogacía Unida y Dignidad Profesional, encabezada por Itatí Demarchi Arballo, con 10.119 votos y el 31,34%. La lista reunió respaldos de sectores del peronismo, entre ellos el dirigente porteño Juan Manuel Olmos, y contó con Jorge Rizzo como segundo candidato. El espacio consiguió mantener representación en el Consejo, aunque el reparto proyectado de bancas dejaría afuera a Rizzo. La cercanía con el primer puesto muestra que la disputa estuvo lejos de resolverse por una diferencia amplia.
Para Olmos, el resultado implica conservar un canal de representación en un organismo con atribuciones sobre la selección y el control de magistrados. Pero también marca un límite: la segunda ubicación no alcanzaría para obtener dos lugares. En una elección de cuatro bancas, unos pocos puntos pueden separar a un espacio que amplía su presencia de otro que apenas logra conservarla. Esa diferencia explica por qué los resultados se siguieron con tanta atención en los distintos armados políticos.
El tercer lugar fue para Abogacía Federal, encabezada por el abogado platense Fernando Levene, que obtuvo 8.608 votos, equivalentes al 26,66%. En esa construcción participaron sectores vinculados con Diego Molea, Maximiliano Abad y el gobernador cordobés Martín Llaryora, además de dirigentes de distintos colegios profesionales. Aunque terminó detrás de las listas de Biglieri y Demarchi, el espacio reuniría los votos necesarios para quedarse con una de las cuatro bancas. Su desempeño también confirmó la importancia de las alianzas entre referentes de distintas provincias.
La presencia de Levene incorpora un componente regional relevante: el candidato fue presidente del Colegio de Abogados de La Plata y mantiene una trayectoria vinculada con la representación profesional bonaerense. La elección no solamente reordenó relaciones de poder en Buenos Aires y Córdoba; también abrió un lugar para un dirigente identificado con la abogacía platense. El alcance político de esa representación dependerá de su actuación dentro del organismo.
La lista Abogacía por la Libertad, encabezada por Luis Alberto Palomino, obtuvo 2.462 votos, equivalentes al 7,62%, y terminó en el cuarto lugar. La nómina estaba identificada con La Libertad Avanza y su resultado la dejó fuera del reparto de representantes. La elección mostró que la identificación con el oficialismo nacional no alcanzó para reunir una base de votos competitiva dentro de este estamento profesional. Fue una diferencia considerable frente a las otras tres propuestas.
El resultado constituye un revés para el espacio libertario y para los sectores que impulsaron su participación, entre ellos el armado político asociado con Sebastián Pareja. Sin embargo, debe distinguirse entre una elección de abogados matriculados y una votación general de ciudadanos: sus electorados, reglas y dinámicas son diferentes. El 7,62% no mide el apoyo nacional al presidente Javier Milei, pero sí describe una derrota concreta de su lista en la competencia por las bancas de la Magistratura. El oficialismo no consiguió representación propia por esta vía.
El Consejo de la Magistratura es un organismo de 20 integrantes que interviene en los concursos para cubrir vacantes de jueces nacionales y federales, la conformación de ternas de candidatos y los procedimientos disciplinarios contra magistrados. También participa en la administración judicial. Por eso, la elección de cuatro representantes de la abogacía tiene consecuencias institucionales que exceden ampliamente una disputa entre colegios profesionales. Sus decisiones pueden incidir en el funcionamiento de los tribunales durante años.
Los candidatos que ingresen ocuparán sus lugares durante el período 2026-2030, una etapa que abarcará parte del actual mandato presidencial y el próximo ciclo electoral nacional. El reparto proyectado deja dos representantes para la lista de Biglieri, uno para la de Demarchi y otro para la de Levene, mientras el espacio libertario queda afuera. El resultado corresponde al escrutinio provisorio y deberá quedar sujeto a la oficialización correspondiente.
La elección exhibió tres construcciones capaces de reunir apoyos relevantes entre abogados de distintas jurisdicciones. La lista ganadora integró a referentes del radicalismo y de los colegios profesionales; la segunda reunió sectores peronistas y dirigentes de la abogacía; la tercera combinó respaldos de Molea, Abad y Llaryora. Las alianzas transversales resultaron una característica central de la competencia y ayudan a explicar la distribución de las bancas. No se trató de una elección organizada exclusivamente sobre identidades partidarias tradicionales.
Para La Libertad Avanza, el resultado deja una cuestión política concreta: su lista no logró insertarse electoralmente en un ámbito donde otros espacios cuentan con organizaciones profesionales consolidadas. Para Angelici y Gil Lavedra, en cambio, la victoria confirma la eficacia de su armado en esta elección específica. La disputa por la Magistratura mostró que, además de votos, la representación profesional exige organización, candidatos reconocidos y acuerdos territoriales. El escrutinio provisorio dejó a tres espacios con bancas y a los libertarios mirando desde afuera.