La provincia de Buenos Aires se encamina hacia una de las mayores disputas por el poder municipal de las últimas décadas. Más de 80 intendentes podrían quedar fuera de la competencia por sus propios cargos en 2027, porque la legislación vigente permite solamente una reelección consecutiva y el intento de modificarla continúa empantanado. La incertidumbre ya empezó a modificar los armados políticos: algunos preparan sucesores, otros miran hacia la Legislatura y varios aspiran a disputar la Gobernación. Axel Kicillof respalda la revisión de las restricciones, pero todavía no consiguió reunir los acuerdos necesarios para convertir esa posición en ley.
El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, puso sobre la mesa una alternativa para los dirigentes que no puedan presentarse nuevamente: competir por lugares en la Legislatura bonaerense o en el Congreso nacional. Su planteo busca aprovechar la experiencia de gestión de los jefes comunales y, al mismo tiempo, evitar que queden desplazados del escenario político. La salida legislativa permitiría a muchos intendentes conservar protagonismo provincial sin necesidad de modificar inmediatamente las reglas electorales municipales. Ferraresi, además, aparece entre los dirigentes del Movimiento Derecho al Futuro que exploran una eventual candidatura a gobernador.
El problema para el peronismo es que una candidatura legislativa no reemplaza automáticamente el poder de una intendencia. Los municipios concentran gestión cotidiana, presencia territorial y vínculos políticos construidos durante años. Dejar el despacho municipal implica perder una posición de mando que ninguna banca garantiza por sí sola. Por eso, el debate sobre las reelecciones se cruza con otro mucho más delicado: quién administrará cada distrito después de 2027 y qué influencia conservarán sus actuales conductores.
En Avellaneda, Ferraresi tiene como figura de referencia para su sucesión a Magdalena Sierra, su esposa y exjefa de Gabinete municipal. En Merlo, el intendente Gustavo Menéndez tiene entre las alternativas a su hermana Karina Menéndez, presidenta del Concejo Deliberante. Los vínculos familiares aparecen como una opción en algunos distritos, aunque cada candidatura deberá competir electoralmente y obtener el respaldo de los votantes. La discusión anticipa tensiones entre continuidad política, renovación dirigencial y construcción de nuevos liderazgos.
En La Matanza, Fernando Espinoza podría impulsar el regreso de Verónica Magario, actual vicegobernadora y exintendenta del distrito. En Moreno, Mariel Fernández tiene como posible sucesor a Emanuel Fernández, presidente del Concejo Deliberante. En San Vicente, el nombre que aparece es el de Daniela Lasalle, jefa de Gabinete de Nicolás Mantegazza. Los movimientos revelan que varios oficialismos municipales ya trabajan con un escenario en el que sus actuales intendentes no podrán encabezar la boleta local. Nada de eso constituye todavía una candidatura formalizada.
La discusión también afecta directamente al gobernador bonaerense. Kicillof necesita sostener el respaldo de los intendentes para su construcción política, especialmente dentro del Movimiento Derecho al Futuro, mientras distintos sectores del peronismo mantienen diferencias sobre las reelecciones. La dificultad no es solamente jurídica: es una negociación de poder que atraviesa al oficialismo, a la oposición y a los dirigentes que aspiran a suceder al gobernador. Los intentos legislativos anteriores no consiguieron resolver el conflicto.
La normativa tiene un origen concreto: la Ley 14.836, sancionada en 2016, estableció límites a las reelecciones consecutivas, y la Ley 15.315 modificó posteriormente el cómputo de los mandatos. Según la información oficial de la Junta Electoral bonaerense, intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares pueden ser reelegidos una vez consecutiva y deben dejar transcurrir un período antes de volver a competir por el mismo cargo. Mientras esa regla permanezca vigente, los acuerdos políticos no alcanzan para habilitar una tercera elección consecutiva. Una eventual reforma necesitará atravesar el procedimiento legislativo correspondiente.
La imposibilidad de continuar en las intendencias puede acelerar la carrera por la Gobernación. Entre los nombres mencionados dentro del oficialismo aparecen Ferraresi, Julio Alak, Fernando Espinoza, Gabriel Katopodis y Carlos Bianco, aunque sus posiciones y posibilidades son diferentes. También Mariel Fernández construye una proyección provincial, mientras Leonardo Nardini expresó públicamente su intención de competir por el Ejecutivo bonaerense. La restricción municipal puede empujar a dirigentes territoriales hacia una disputa provincial que ya se perfila compleja. La candidatura final dependerá de las negociaciones del peronismo y del escenario electoral de 2027.
En la oposición también aparecen movimientos vinculados con el recambio municipal. Pablo Petrecca, referente del PRO en Junín y actual senador provincial, proyecta una posible candidatura a gobernador, mientras su espacio tiene como figura local a Juan Fiorini. En Chivilcoy, Guillermo Britos planteó que doce años al frente del municipio serían suficientes y evalúa alternativas fuera de la intendencia. La discusión no pertenece exclusivamente al peronismo: afecta a oficialismos municipales de distintas identidades partidarias. La diferencia está en cómo cada espacio organiza su sucesión y conserva su electorado.
Las elecciones de 2027 podrían producir una renovación considerable de las conducciones municipales bonaerenses. Sin una reforma legal, numerosos jefes comunales deberán buscar candidatos alternativos, mientras otros intentarán trasladar su influencia hacia las cámaras legislativas o la competencia por cargos ejecutivos superiores. El verdadero desafío para los intendentes será demostrar que sus proyectos políticos pueden sobrevivir electoralmente sin que ellos encabecen la boleta. La decisión final, en cada municipio, seguirá estando en manos de los votantes.
Para Kicillof, la situación representa una dificultad adicional en la construcción de su futuro político. Necesita una estructura territorial activa, pero los dirigentes que la integran están concentrados en resolver sus propias sucesiones. El calendario electoral avanza más rápido que los acuerdos y obliga a los intendentes a preparar alternativas antes de saber si la ley cambiará. La Legislatura tiene la última palabra sobre las reglas; las urnas definirán quiénes logran conservar el poder.