El discurso de austeridad e inflexibilidad contra los privilegios de la administración pública volvió a colisionar con las decisiones de manejo interno en la cúpula del Poder Ejecutivo.

La exsubsecretaria de Planificación General de la Presidencia, María Belén Agudiez —una de las colaboradoras más cercanas a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei—, fue reubicada dentro del organigrama del Correo Argentino a solo semanas de haber sido desplazada del área presidencial en la República Argentina.

Su salida formal, concretada en septiembre de 2026, se produjo en medio del escándalo suscitado por presuntas irregularidades y desvíos en las compras de insumos alimenticios destinados a la Quinta Presidencial de Olivos. Karina Milei reubicó a una funcionaria investigada en el Correo Argentino.

La llegada de Agudiez al Correo Argentino —empresa pública sujeta a planes de reestructuración y privatización— encendió alarmas políticas e institucionales. Mientras diversos informes periodísticos señalaron su nombramiento al frente de la gerencia de Responsabilidad Social Corporativa o Relaciones Institucionales, voceros de la Casa Rosada admitieron la contratación pero adujeron que se trata de una posición técnica-administrativa en el área de Comunicación.

Sin embargo, la brecha entre el despido de trabajadores estatales por la política de recortes del presidente Javier Milei y la inmediata reinserción de cuadros leales a la Secretaría General expone una asimetría en la aplicación del criterio de idoneidad. La funcionaria desplazada de Olivos encontró refugio en otra caja estatal.

Las licitaciones de Olivos y el circuito del emprendimiento familiar

El expediente que precipitó la salida de Agudiez comenzó con la presentación realizada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien advirtió sobre asimetrías severas en las compras destinadas a la residencia presidencial en comparación con las de Balcarce 50.

La presentación judicial investiga el destino final de la mercadería adquirida mediante la licitación 23-0016-LPU26 —que preveía el suministro de toneladas de carne y alimentos por montos de entre $300 y $500 millones— ante la sospecha de que parte de los insumos fue derivada a Pancitos Caseros, un negocio gastronómico vinculado a la hermana de la exfuncionaria, Analía Agudiez.

La controversia salpicó además al cuñado de la dirigente, Osvaldo Javier Sosa, quien se desempeñaba como intendente de la Quinta de Olivos hasta su apartamiento. Investigan si la comida de Olivos terminaba en un comercio privado.

Una evolución patrimonial bajo la mirada de la Oficina Anticorrupción

A la investigación por las contrataciones se suma la revisión del legajo de integridad pública. Registros de las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción (OA) arrojaron que el patrimonio declarado por María Belén Agudiez experimentó un incremento equivalente a 98 veces su valor inicial en un lapso de dos años.

Aunque el entorno de la Presidencia argumenta que el ajuste patrimonial responde a criterios de revaluación de activos y depósitos previos, la falta de informes técnicos detallados sobre sus ingresos agrava las críticas éticas. La protección política otorgada desde el círculo íntimo de Karina Milei profundiza los interrogantes sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de la estructura pública, demostrando que la lealtad partidaria se impone sobre las exigencias de ética estatal.