El entramado de negocios privados y resoluciones legislativas volvió a encender las alarmas institucionales en la costa bonaerense. El presidente del bloque del PRO en el Concejo Deliberante de Pinamar, Alejo Matías Yeza —hermano del exintendente y actual diputado nacional Martín Yeza—, quedó denunciado penalmente ante la Justicia de la Provincia de Buenos Aires por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La causa se originó tras haber emitido su voto favorable para aprobar la Ordenanza 7342/26, que otorgó beneficios fiscales y la cesión de playa pública al empresario Rodrigo Ezequiel Allue, con quien constituyó la firma constructora Grupo TR2 Pinamar SRL en el marco de la República Argentina. Alejo Yeza votó una concesión a favor de su propio socio comercial.

La presentación judicial, redactada por el abogado y exconcejal radical Lucas Ventoso, expone una concordancia numérica y procesal determinante. La norma, votada el pasado 14 de agosto de 2026, autorizó la realización del evento deportivo masivo Enduro del Invierno a solicitud de la firma EDV Entertainment SA, representada legalmente por Allue.

Según consta en el acta de la sesión, la iniciativa requería una mayoría calificada de diez votos afirmativos para su aprobación y reunió de forma exacta diez voluntades, incluyendo el levantamiento de mano de Yeza. De esta manera, el voto del edil del PRO no representó una adhesión testimonial, sino el requisito normativo indispensable para otorgar el permiso.

El voto de Yeza fue el número diez, indispensable para la aprobación de la ordenanza.

Los lazos societarios del Boletín Oficial y el alcance de las exenciones

La prueba documental que sustenta la denuncia se remonta al Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires del 4 de mayo de 2022, fecha en que Alejo Yeza, Rodrigo Allue y el arquitecto Lisandro Martín De Sanctis inscribieron Grupo TR2 Pinamar SRL para la realización de desarrollos inmobiliarios y obras edilicias.

Pese a que la Ley Orgánica de las Municipalidades establece la obligación taxativa de excusación para los concejales en expedientes donde existan intereses económicos directos o de socios comerciales, Yeza no declaró el conflicto de intereses ante el cuerpo ni se abstuvo de votar.

La medida habilitó el uso exclusivo de 3.400 metros de franja costera pública (entre los balnearios El Pájaro y Rada Beach) junto con la eximición de cánones por publicidad, espacios y tasas municipales.

Yeza no declaró su sociedad con Allue al momento de votar la concesión.

Extensión de la denuncia al intendente Ibarguren y reparos ambientales

La imputación judicial no se detuvo en el ámbito legislativo y alcanzó de forma directa al intendente de Pinamar, Juan Manuel Ibarguren, en su carácter de máxima autoridad ejecutiva que promulgó la Ordenanza 7342/26 y fiscalizó la ejecución del evento.

Dirigentes opositores como los concejales Gregorio Estanga y Violeta Saquilán reclamaron la apertura de auditorías paralelas sobre los movimientos de arena, el impacto ambiental del ingreso de maquinaria pesada sobre las dunas y los montos cobrados en concepto de inscripciones (de entre 250 y 320 dólares por participante) y entradas privadas.

La causa reabre la controversia sobre la administración de los recursos del Estado costero y la falta de transparencia en la fijación de límites a la actividad privada de los funcionarios públicos, demostrando que la gestión de la playa pública requerirá rendiciones de cuentas inmediatas.

Lo que tenés que saber sobre la causa contra Alejo Yeza

• Denuncia en la Justicia: El concejal del PRO Alejo Yeza fue denunciado por negociaciones incompatibles y abuso de autoridad.

• El socio beneficiado: Votó la concesión de playa a Rodrigo Allue, su socio en la constructora Grupo TR2 Pinamar SRL.

• Voto decisivo: Aportó la voluntad número 10 requerida de manera estricta por la norma para alcanzar la mayoría.

• Playa cedida: Se otorgaron 3.400 metros de costa pública con exenciones impositivas y de cánones publicitarios.

• Intendente salpicado: La presentación judicial de Lucas Ventoso alcanza al intendente Juan Manuel Ibarguren por promulgar la norma.