El organismo antimonopolio de la República Argentina emitió un fallo determinante para el funcionamiento del mercado de bienes raíces. La Autoridad Nacional de la Competencia aplicó una sanción económica de $290.010.000 al Colegio Profesional Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires (CPI, ex CUCICBA), luego de dar por probada una investigación iniciada a partir de la denuncia presentada por la empresa REMAX Argentina y corredores inmobiliarios vinculados a su red de franquicias.

La resolución determinó que la institución colegiada incurrió en un sistemático abuso de posición dominante, utilizando sus potestades delegadas de regulación y matrícula para erigir barreras anticompetitivas y perjudicar la operatoria comercial de sus competidores. El Colegio Inmobiliario porteño fue sancionado por abusar de su posición dominante.

El expediente administrativo dejó al descubierto la existencia de una "doble vara" disciplinaria impulsada desde las autoridades del Colegio porteño. Mientras se denegaba o dilataba la matriculación de profesionales independientes que operaban bajo la marca REMAX y se les imponían suspensiones punitivas, el Tribunal de Disciplina de la entidad omitía juzgar conductas idénticas desplegadas por inmobiliarias tradicionales, incluyendo a dirigentes que integraban la propia comisión directiva del CPI.

Este sesgo sancionatorio configuró un abierto conflicto de intereses, donde empresarios con cargos institucionales utilizaron la fuerza punitiva del Colegio para bloquear la irrupción de nuevos modelos de negocios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El tribunal disciplinario actuó como juez y parte en beneficio de sus propios miembros.

Medidas de cese y recomendación al Ministerio de Desregulación

Junto con la multa de $290 millones, la Autoridad de la Competencia intimó al CPI al cese inmediato de toda práctica persecutoria, absteniéndose de denegar matrículas o restringir el acceso a los sistemas de información inmobiliaria a los profesionales alineados con REMAX.

Asimismo, el fallo incluyó una recomendación formal al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a la Legislatura porteña para auditar los marcos normativos que rigen a las entidades profesionales. El objetivo busca impedir que la delegación del control de la matrícula pública se transforme en un instrumento corporativo para restringir la oferta de servicios. La autoridad ordenó frenar el bloqueo de matrículas e instó a desregular el sector.

Un precedente institucional para las redes de servicios profesionales

El pronunciamiento fue calificado por el presidente y cofundador de REMAX Argentina y Uruguay, Sebastián Sosa, como un "punto de inflexión histórico para el ejercicio de la profesión y la transparencia del mercado".

El expediente establece una aclaración técnica central: la firma REMAX no resultó penalizada en las actuaciones, sino que actuó en calidad de querellante y obtuvo el pleno reconocimiento administrativo sobre la ilegalidad de las barreras impuestas por el CPI.

El caso sienta un jurisprudencia clave para el resto de los colegios profesionales del país, delimitando con claridad la frontera entre la ética en el ejercicio del corretaje y el uso indebido de los aparatos regulatorios para asfixiar la libre competencia. El fallo ratifica que REMAX actuó como denunciante y obtuvo la razón en la Justicia administrativa.