En el marco de la audiencia sobre extorsiones, ataques incendiarios y a tiros contra el dueño de la agencia de quinielas "El Califa" en Rosario, el fiscal Pablo Socca ha realizado una solicitud contundente. El fiscal ha requerido que los nueve imputados en este caso permanezcan en prisión preventiva de acuerdo con la ley, con la excepción de uno que habría tenido una participación secundaria en el plan delictivo. El pedido de prisión preventiva se basa en evidencia que incluye capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp que podrían tener un impacto significativo en el caso.

Las conversaciones en cuestión involucran a Mariana Ortigala, quien está acusada de ser la testaferro de "Gulle" Cantero, líder de la banda criminal Los Monos. Estas charlas se dieron entre Ortigala y el fiscal Matías Edery, conocido por obtener condenas contra importantes bandas criminales en Rosario. Ortigala entregó sus teléfonos celulares durante un allanamiento en su casa y afirmó que uno de ellos estaba destinado exclusivamente para proporcionar información a Edery. El fiscal Edery ya había informado previamente a sus superiores sobre la relación con Ortigala, quien actuó como testigo en un juicio contra un rival de Los Monos.

La fiscalía reveló que Ortigala había puesto a nombre propio y de su círculo íntimo 14 propiedades desde que ingresó al programa de protección de testigos en marzo de 2019. Esto plantea dudas sobre su conexión con "Gulle" Cantero y su posible rol en actividades ilegales. Además, se encontraron conversaciones en las que Ortigala compartía información con Edery sobre un ataque a un comercio que antes había sido propiedad de un narcotraficante condenado. La causa por este ataque estaba a cargo de otro fiscal, lo que plantea interrogantes sobre la manipulación de información en el caso.

En la audiencia, también se mencionaron otras conversaciones que involucraban a Ortigala y a personas relacionadas con casos judiciales. Estos diálogos podrían tener implicaciones significativas para el proceso legal en curso. El fiscal Socca argumentó que estas evidencias refuerzan la necesidad de mantener a los imputados en prisión preventiva por motivos de seguridad y para garantizar la integridad del proceso judicial.

Fuente: infobae.com