Este miércoles, el Gobierno de Javier Milei pondrá en práctica el controvertido protocolo de orden público destinado a disuadir protestas y cortes de tránsito. La medida, establecida por el Ministerio de Seguridad, ha suscitado críticas de organismos de derechos humanos que la consideran inconstitucional al limitar el derecho a la protesta. La primera prueba de esta nueva normativa será la movilización convocada por la Unidad Piquetera.
La guía policial, delineada en la Resolución 943/2023, busca "evitar cortes de circulación" permitiendo expresiones de protesta en veredas. Las fuerzas federales, como la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura, intervendrán en cortes según códigos vigentes. El protocolo prohíbe manifestaciones en estaciones de tren y el uso de elementos como palos o caras tapadas.
Se establecen excepciones para eventos religiosos y sociales que requieran permiso. Se identificará a participantes y vehículos, creando un registro de organizaciones y líderes. La información se enviará a la autoridad competente, y se notificará al juez en caso de daño ambiental. El uso de la fuerza será proporcional y se excluirá a niños, mujeres embarazadas y ancianos.
La Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, anunció que quienes participen en cortes perderán planes sociales. Se realizará una auditoría a organizaciones, eliminando intermediarios y certificados de presencialidad. Pettovello asegura que no se obligará a beneficiarios a asistir a marchas bajo amenaza de perder planes.
La movilización de la Unidad Piquetera busca conmemorar el 22.º aniversario de los sucesos de diciembre de 2001. Evitarán el Puente Pueyrredón y concentrarán cerca del Congreso. La marcha afectará el tránsito en Avenida Rivadavia y De Mayo en el horario pico.
