0221.com.ar
Una megaredada judicial y policial en la provincia de Buenos Aires tuvo a la ciudad de La Plata como una de las localidades donde fueron allanados un domicilio particular y la unidad penitenciaria de la localidad de Lisandro Olmos. El operativo se dio este miércoles en el marco de investigaciones por ciberestafas, que generaron un perjuicio económico de más de cincuenta millones de pesos ($50.000.000) y dos millones de dólares (USD 2.000.000), y en los que se detuvo a 40 personas.
Se ejecutaron 70 allanamientos simultáneos en toda la provincia de Buenos Aires. Fueron detenidas unas 40 personas.
Como resultado de estos procedimientos simultáneos, además de estas significativas cifras de dinero en efectivo, se secuestraron computadoras y notebooks; más de un centenar de teléfonos celulares, tarjetas de memoria, pendrives, impresoras, plastificadoras, lectores de tarjeta, disqueteras, guillotinas, DNI falsos, más de un centenar de tarjetas SIM (chips para celulares), tarjetas de crédito y débito, posnet, cajas fuertes, automóviles y armas de fuego.
A partir de una gran cantidad de hechos ilícitos denunciados y cometidos en distintos partidos del Conurbano e interior de la provincia de Buenos Aires, en los años 2021 y 2022, el Departamento de Ciberdelitos de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General bonaerense, junto a la Superintendencia de Investigaciones en Función Judicial de la Policía de Buenos Aires, coordinaron una investigación conjunta en toda la provincia de Buenos Aires.
Se trata de estafas cometidas mediante maniobras de ingeniería social, que generaron sustracción de datos personales para realizar operaciones bancarias no autorizadas y falsificación de tarjetas de crédito, simulaciones de ventas de productos en redes sociales, sustracción mediante engaños de cuentas de WhatsApp y minado ilegal de criptomonedas, entre otras.
Los operativos se llevaron a cabo en las localidades de Trenque Lauquen, Vicente López, El Talar, Tigre, Los Polvorines, Pilar, Baradero, San Nicolás, Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, Bella Vista, La Plata, Avellaneda, Lomas de Zamora, Bahía Blanca, Moreno, José C. Paz, San Miguel, Mercedes, Necochea , Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba.
Asimismo, cabe destacar que cuatro de los objetivos se encontraban en las Unidades Penitenciarias de: Baradero, Lisandro Olmos, Sierra Chica y Mercedes. Allí se secuestraron dispositivos tecnológicos no autorizados, que utilizaban los internos para cometer las ciberestafas, donde funcionaban células criminales denominadas call center, refriéndose a detenidos que operan desde el interior de los penales con teléfonos celulares y computadoras con acceso a internet.
También se logró desarticular en la localidad de Quilmes, una granja clandestina de minado de criptomonedas, montada con cables eléctricos robados y consumo ilegal de energía eléctrica, para lo que se contó con la intervención personal de AFIP.
Otro objetivo de importancia resultó el desbaratamiento de un laboratorio ilegal donde se falsificaban documentos de identidad, tarjetas de crédito y tarjetas Naranja, en la localidad de San Martín.
El operativo se llevó adelante en virtud de la labor de investigación de Agentes Fiscales e investigadores referentes de trece Departamentos Judiciales de la provincia: Junín, Martín Laius; Pergamino, Pablo Daniel Aguilar; Trenque Lauquen Sebastián Parravicini; Necochea, Guillermo Sabatini; San Isidro, Alejandro Musso; Azul, Lucas Moyano; San Nicolás, Jorge Pablo Leverato; Zárate-Campana, Ana Laura Brizuela; Bahía Blanca, Rodolfo De Lucia; Dolores, Walter Mercuri; San Martín, Andrea Verónica Andoniades; Berazategui, Gabriela Mateo; Quilmes, María Curra Zamanieio y La Plata, Juan Ignacio Mennuci; bajo la dirección de la Secretaria de Política Criminal de la Procuración General a cargo de Francisco Pont Verges, coordinado por el Departamento de Ciberdelitos dirigido por Gisela Burcat y colaboración de Rafael García Borda y Sabrina Lampert, en conjunto con la Superintendencia de Investigaciones en Función Judicial, a cario de Héctor Cisneros del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.
En todos los casos, se llevaron a cabo investigaciones en entornos digitales con herramientas de alta tecnología, que permitieron la identificación de los imputados, lográndose establecer los domicilios relacionados con los autores de los hechos.
