Bajo el marco de un acuerdo con el FMI, el Frente de Todos ha mostrado que un interés principal es profundizar el modelo extractivista. Primero fueron Kulfas y Guzmán, luego Batakis y ahora con Massa, buscan aumentar las exportaciones y por esa vía el ingreso de dólares para pagar la deuda fraudulenta contraída por el macrismo. El anuncio de cuantiosas inversiones como es el caso del cobre en el proyecto Josemaría (a cargo de Deprominsa, una empresa subsidiaria del Grupo Lundin) ubicado en San Juan, tiene como contexto precios muy altos a nivel internacional y para nuestro país una necesidad de hacerse de divisas sin importar las consecuencias.
Existen sobradas evidencias acerca del severo impacto socioambiental que ocasionan este tipo de actividades sobre el medio ambiente y la salud de la población. De acuerdo con el especialista Eduardo Gudynas, la Argentina y gran parte de los países latinoamericanos basan el modelo extractivista sobre tres sectores fundamentales: el hidrocarburífero, el minero y el agropecuario. Por supuesto que es necesario agregar que no se trata sólo de la naturaleza de la actividad lo que caracteriza el modelo, sino que además están enfocadas en un uso intensivo de los recursos naturales y el capital, orientadas a la exportación y emprendidas por empresas de origen extranjero con sólo algunas alianzas estratégicas con firmas locales.
Para el caso de la megaminería metalífera que se va a llevar adelante en Josemaría, esta se diferencia de la tradicional por su forma de extracción de los metales, ya que se utilizan una serie de explosivos para la voladura de la roca en superficie y así poder generar una especie de tajo en el terreno que permite luego la extracción, en este caso de cobre. En este proceso, la utilización de químicos de alta toxicidad necesario para la separación de la roca del metal, que luego son depositados en diques de agua conforma parte de un proceso productivo de un impacto socioambiental de extrema peligrosidad. Una defensora de estas prácticas es la flamante ministra de Energía, Flavia Royón, quien muy velozente reactivó la actividad parlamentaria en la comisión de Minería.
De acuerdo con una publicación hecha por la Secretaría de Minería de la Nación en mayo de este año en base al Censo Nacional a la Actividad Minera (CENAM), la minería es una de las 10 actividades más intensivas en consumo energético. En el año 2016, más del 80% de consumo eléctrico de la minería fue abastecido por la red del país mientras que el resto lo fue por generación propia.
Cantidad de establecimientos mineros con consumo de energía eléctrica. Total país. Año 2016.
Particularmente, la minería del cobre es dentro de la actividad metalífera la que más energía consume, para el caso de Chile (referente mundial), más de la mitad del consumo de la actividad es debido a la extracción del cobre. Para referencias en la Argentina, la mina de cobre Bajo La Alumbrera (en la provincia de Catamarca) tuvo en 2014 su consumo mayor a los 800 mil mWh (megavatios). Esto equivale al 0.65% de la demanda total de energía eléctrica del país, y es lo que consume una sola mina. ¿A nadie le hace ruido?
Si tenemos en cuenta la producción total en promedio de cobre, en Bajo La Alumbrera alcanzó las 100 mil toneladas mientras que para Josemaría desde el portal Econojurnal sostienen que se estima en 136 mil toneladas, por lo que este último resulta ser un proyecto aún de mayores dimensiones .
El consumo energético proyectado para Josemaría estimado entre 30 a 35 mWh para una sola moledora es casi el 7.5% del consumo de toda la Provincia de San Juan. Según datos de CAMMESA para el año 2016, San Juan consumió un total de 406 mWh. Con una producción pryectada mayor a la de Bajo La Alumbrera, Josemaría tendrá un consumo energético mayor al total provincial, para las multinacionales no hay exigencia de "ahorro". Incluso si tomamos en consideración el consumo del resto de las provincias, Josemaría consumirá más que las provincias de: Santiago del Estero, Salta, San Luis, La Rioja, Jujuy y Catamarca.
La mega minería, como el caso de Josemaría, necesita de la complicidad tanto de los Gobiernos locales como nacional para la sanción de normas y legislación acorde a sus requerimientos. En lo que respecta al consumo energético, en mayo de 2022 se aprobó una ley provincial (Nro. 1181 - A) en San Juan que permite a las empresas mineras descontar de la regalías que pagan, los gastos que realicen en obras energéticas. Sin embargo, la ley menciona que "siempre y cuando fueran de utilidad pública y traigan bienestar para los sanjuaninos", teniendo en cuenta la cifras mencionadas esto es claramente un beneficio más para la mina Josemaría y su alta demanda energética antes que para el resto de la población.
Bajo la lógica del modelo extractivista, resulta casi un requisito "sine qua non" un alto nivel de inversiones dado que son actividades que requieren grandes volúmenes de capital producto de la magnitud de la explotación, y sumado a que la rentabilidad de los proyectos generalmente se ven materializadas al cabo de varios años se establece un poderoso lobby empresario para obtener condiciones favorables. Sin embargo, bajo las restricciones impuestas en el mercado de capitales, se han abierto negociaciones con diferentes firmas para acceder a condiciones preferenciales.
Así por ejemplo, podemos mencionar una serie de políticas discrecionales de tipo extractivistas que el Gobierno nacional se ha decidido implementar para favorecer el sostenimiento de este tipo de proyectos o para lograr captar nuevos. Tal fue el anuncio hecho semanas atrás en el cual se mencionó que aquellas empresas petroleras que aumenten su producción podrán acceder a las divisas necesarias para el pago de los pasivos contraídos, o para el caso específico de la megaminería, las facilidades otorgadas a la mina de origen chino Zijin Mining establecida en Catamarca con el objetivo de extraer litio. En ambas situaciones, se autoriza el acceso al Mercado Único Libre de Cambios flexibilizando parte de las restricciones impuestas por el cepo cambiario.
Este anuncio se da en respuesta a los reclamos que desde el sector de la megaminería se estaban realizando en ese sentido, tal como fue hecho durante el día de la industria minera por el Presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), quien reclamó públicamente el libre acceso a las divisas, la eliminación de retenciones y la garantía de las importaciones necesarias para el sector. Fue el propio (hoy ex) Ministro de la Producción, quien en ese mismo momento sostuvo que “la minería está a media máquina y ahí hay un potencial no aprovechado (...)”.
Nuestro país cuenta, de acuerdo con un informe publicado por la Secretaría de Minería de la Nación, con 13 establecimientos principales de extracción de megaminería metalífera, entre los que destacan el oro, la plata, el cobre, el plomo y el zinc. A las anteriores hay que sumarle 2 no metalíferas, que están operando en la extracción de litio y potasio y una en la producción de carbón. Particularmente, el proyecto Josemaría ubicado en la zona noroeste de la Provincia de San Juan sobre la cordillera del Departamento Iglesia tiene como principal objetivo la extracción de cobre y oro.
En lo que respecta al proyecto Josemaría, una iniciativa que “revolucionará San Juan” según publicaciones oficiales, ya existen varios cuestionamientos en torno al estudio que da luz verde acerca de su impacto ambiental. La empresa que está detrás es la canadiense Lundin, encargada de extraer oro, plata y cobre ocupando más de mil hectáreas y utilizando aproximadamente 3100 litros de agua dulce por segundo de acuerdo con la información publicada por la Asamblea Jáchal No Se Toca, muy diferente a lo publicado por el informe oficial de impacto ambiental que contempla la utilización de sólo 350 litros. Situación incluso que resulta totalmente irracional dado que la Provincia de San Juan atravesó durante el año 2021 la peor sequía en 100 años.
Para tener una dimensión de este proyecto, las comunidades han manifestado que la iniciativa de Josemaría ocupará una superficie 30 veces superior a la de Veladero, perteneciente a la ya cuestionada Barrick Gold (también canadiense), la cual se confirmó en mayo de 2019 que contaminó cinco ríos de la provincia de San Juan producto de haber vertido una solución cianurada.
La Argentina retoma así con el proyecto Josemaría la producción de cobre, cuyo último antecedente fue el proyecto de La Alumbrera que cerró en el año 2018 y fue condenada por la Justicia de Tucumán por contaminación ambiental. El fallo de la Cámara Federal de esa provincia condenó a la empresa operada por la firma canadiense Glencore como principal accionista. De acuerdo con el testimonio de los habitantes de la zona, cuando se anunció el proyecto lo recibimos con los brazos abiertos, hoy estamos contaminados sin poder cultivar la tierra, consumir el agua ni respirar el aire; las consecuencias sobre la salud son permanentes y muchos pobladores se vieron obligados a emigrar.
En lo que respecta al impacto económico, argumento que rápidamente utilizan aquellos que defienden la megaminería metalífera, es la generación de empleo. Pero lo cierto es que es un sector que representa menos del 1% en términos de generación de puestos de trabajo a nivel nacional; dato que sumado al daño socioambiental, la pregunta que surge entonces es: ¿Cuál es el impacto económico? ¿para quién?
De acuerdo con el especialista, Lautaro Clemenceau, son pocos los proyectos donde el impacto laboral haya sido de consideración, dado que generalmente se instalan en zonas cordilleranas lejanas, en algunos casos las contrataciones tercearizadas alcanzan las tres cuartas partes del total de la plantilla, en otros los empleos son temporales que dejan en un breve período de tiempo a cientos de cesanteados en la calle y dada la total vinculación de los sindicatos del sector con las patronales, son pocas las conquistas que los trabajadores han logrado, por lo que las condiciones laborales no son siempre las mejores. La generación de empleo por millón de dólares invertidos en la mega minería es de tan sólo 0,5 a 2 personas; de acuerdo con información obtenida del Colectivo Voces Alerta.
Si analizamos la estructura económica, el impacto del sector de la minería y el petróleo en la generación de empleo en la Provincia de San Juan, donde se va a desarrollar el proyecto Josemaría, representa una pequeña proporción del total de ocupados de la Población Económicamente Activa (PEA), en un 1,12%. Pero esta situación es similar a las demás provincias que cuentan con proyectos de megaminería: Mendoza un 0,57%, Santa Cruz un 9,21% y Chubut un 5,42%, de acuerdo con publicaciones oficiales del Ministerio de Trabajo de la Nación.
A diferencia de otras actividades exportadoras, por ejemplo el caso de la industria automotriz, el balance comercial de la actividad ha sido en los últimos años superavitario en términos del aporte de divisas. Sin embargo, tal como sucede con otras actividades extractivas como en el caso del agronegocio, también ocurren casos de contrabando de minerales, así podemos citar el caso de La Alumbrera o de Barrick Gold, que de acuerdo con denuncias formuladas en la Procuración General de la Nación rondarían los 8 mil millones de dólares anuales. Es decir, el argumento en favor del sector en relación a la generación de divisas del sector, es al menos cuestionable.
Ahora bien, frente al daño socioambiental que en la mayoría de los casos se genera y la relativa poca contribución en la generación de empleo, no cabe dudas de que es una actividad que lejos está de incrementar el bienestar de la población. Sus principales beneficiarios son las firmas que explotan estos proyectos (en su mayoría extranjeras) y las arcas de los gobiernos tanto provinciales como nacional en materia de recaudación impositiva y de generación de divisas. De acuerdo con información oficial, se estima que serán alrededor de 1000 millones de dólares anuales en términos de divisas que Josemaría podrá aportar hasta el año 2026.
De esta manera, la megaminería metalífera desplaza otras actividades como por ejemplo la ganadería o la agricultura familiar, generando una matriz productiva menos diversificada, concentrando la producción en pocas compañías en su mayoría extranjeras. La megaminería atenta contra el desarrollo económico tanto de las comunidades como de la región en la cual se emplazan los proyectos.
La situación a nivel mundial es también muy elocuente, de acuerdo con un informe publicado por la UNSAM y elaborado por el CONICET y diferentes Universidades de la Argentina en el año 2020, mientras la megaminería metalífera va lentamente disminuyendo sus actividades en los países centrales (EEUU y Europa) no sucede lo mismo en América Latina. De acuerdo con el siguiente gráfico, vemos un claro avance de este tipo de actividades en la región (tanto en plata como en cobre) con tendencias crecientes hacia el futuro.
Precisamente es bajo las condiciones mencionadas que el modelo extractivista necesita funcionar: uso intensivo (saqueo) de los recursos naturales y del capital, escasa generación de empleo y un daño inconmensurable socioambiental. Modelo que lejos de responder a las necesidades de la sociedad está pensado para beneficiar a las multinacionales y darle cierto alivio al Gobierno Nacional en términos de generación de divisas para el pago de la deuda fraudulenta con el FMI.
La era Massa empezó confirmando un tarifazo más duro que impactará sobre los sectores medio de trabajadores, bajo el verso de alentar el ahorro de energía, se impuso un tope al consumo subsidiado (400kWh). Mientras las mineras pueden consumir más energía que toda una provincia, llegando al colmo de realizar minería de datos dirctemente en Neuquén. Massa ubica al mando de Energía a una dirigente empresaria pro minera, Flavia Royón.
Por lo tanto, la megaminería no está pensada en función de las necesidades de la mayoría de la población sino más bien a favor de la generación de elevadas tasas de ganancias que en la mayoría de los casos se apropian unas pocas empresas multinacionales.
Fuentes: LaMovidaPlatense.com, VisionPolitica.info, NoticiasEnsenada.info, CriticaArgentina,com.ar, PrimeraPagina.info
