El oficialismo logró imponerse en una sesión marcada por el debate y las manifestaciones en las afueras del recinto. El decreto establece un préstamo con amortización a diez años, pero sin detalles sobre el monto del acuerdo ni el cronograma de desembolsos.
La Cámara de Diputados aprobó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) impulsado por el Gobierno para firmar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Con 129 votos positivos, 108 negativos y 6 abstenciones, el oficialismo aseguró la vigencia de la medida sin necesidad de una ley tradicional.
El decreto habilita la toma de crédito público con un plazo de amortización de diez años y destina los fondos a la cancelación de deuda con el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y al pago de vencimientos con el FMI. Según el Gobierno, la decisión apunta a estabilizar la macroeconomía y fortalecer las reservas internacionales.
La sesión estuvo marcada por la polémica, ya que sectores de la oposición cuestionaron la legitimidad del uso de un DNU para aprobar un acuerdo de esta magnitud. Argumentaron que la Constitución establece que la gestión de la deuda externa debe ser debatida y sancionada por el Congreso.
Mientras tanto, en las afueras, jubilados y manifestantes expresaron su descontento con la medida, en una jornada con un fuerte operativo de seguridad.
Uno de los puntos más criticados por la oposición es la falta de información detallada en el decreto. El texto no menciona el monto del préstamo ni el cronograma de desembolsos, aspectos clave para evaluar el impacto financiero de la medida.
Según el Ministerio de Economía, el monto del acuerdo será determinado por el FMI y la tasa de interés del préstamo será del 5,63%. El Gobierno destaca que se trata de un Extended Fund Facility, lo que otorga un período de gracia de cuatro años y medio antes de iniciar los pagos de capital.
La ratificación del DNU generó divisiones en el espectro político. Mientras el oficialismo defiende la medida como un paso necesario para la estabilidad financiera, la oposición advierte sobre las consecuencias de contraer más deuda sin un debate profundo en el Congreso.
El decreto ya está en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial y será remitido a la Comisión Bicameral Permanente para su revisión. Resta ver cómo impactará esta decisión en la economía del país y en la relación con los organismos internacionales.
