Hace quince días que Pablo Martínez, una persona intersex, y su pareja Flavia Rodríguez Castro están realizando una huelga de hambre en la Unidad Nº8 de Los Hornos, donde están detenidos.

En algunos casos, los rasgos intersex son visibles al nacer mientras que en otros no se manifiestan hasta la pubertad. Algunas variaciones cromosómicas de las personas intersex pueden no ser físicamente visibles en absoluto.

Los detenidos en la Unidad Nº8 denunciaron las inhabitables condiciones que se encuentra su celda y los constantes maltratos que sufren como sanciones arbitrarias, golpizas y falta de protocolos penitenciarios para el abordaje de las problemáticas de las personas pertenecientes a los colectivos de la diversidad sexual.

Sobre la vulneración de las personas del colectivo LGBTINB, la delegada del Inadi en la ciudad, Karina Vitaller, expresó que "es imposible que las unidades penitenciarias sigan teniendo prácticas medievales con la población interna, negar el derecho a la identidad, a la comunicación, a una vida y al trato digno, son derechos básicos y fundamentales".

"Dentro de una unidad penitenciaria, como en todos los ámbitos sociales, coexisten diferentes identidades, algunas de las cuales forman parte de colectivos o grupos vulnerabilizados por su condición social, por su origen, por su género, por su corporalidad, por sus capacidades, y muchas veces por el cruzamiento de estos aspectos, lo cual profundiza la situación de subalternidad y los actos discriminatorios cuando se suceden, se vuelven aún más agravados en situación de privación de la libertad", agregó la funcionaria. 

Según se pudo saber, funcionarios del INADI acudirán este viernes a la Unidad Penitenciaria Nº 8 de Los Hornos para tomar contacto Pablo Martínez y Flavia Rodríguez Castro e interiorizarse de su situación.

"En un contexto democrático que tanta muerte, desaparición y dolor le costó a la sociedad argentina, la protección por los derechos humanos se vuelve una lucha irrenunciable. La población LGBTINB debe contar con las garantías que la normativa nacional protege y ninguna institución pública puede constituirse en un espacio que las obstruya, muy por el contrario deben ser facilitadores, promotores y protectores de las mismas", destacaron desde el organismo. 

"Las personas privadas de la libertad el único derecho que tienen restringido es el de la libertad ambulatoria, por lo tanto cualquier otro derecho restringido se presenta como una vulneración. La Constitución Nacional establece que las personas privadas de la libertad tienen derecho a trabajar, a estudiar, a la salud, a vivir en un ambiente sano y limpio, a su seguridad e integridad personal, a la vida, a la dignidad y a la no discriminación, independientemente de su situación procesal", concluyeron desde el INADI. 

En diálogo con este medio, Vitaller señaló que desde el organismo nacional trabajan "ante la denuncia de la persona que siente que ha vivido un acto de discriminación y acude al INADI a través del 168 o los distintos canales que tienen y una vez radicada inician un proceso de tramitación donde se va siguiendo un procedimiento jurídico con distintas instancias que finaliza con un dictámen que señala si el acto denunciado fue discriminatorio o no, y si bien no es vinculante en la Justicia tiene un peso simbólico importante a la hora de revisar los antecedentes". 

"Por otro lado, lo que se hace son  tareas de gestión donde existen diálogos con las instituciones en las que se han realizado prácticas discriminatorias y nos ponemos a disposición para los procesos de formación donde se puedan brindar herramientas jurídicas y pedagógicas para que no vuelvan a suceder", agregó Vitaller. 

Por último, la funcionaria señaló que se comunicaron con José González Hueso, subsecretario de Políticas Penitenciaria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, y con Dina Rossi de la Dirección Provincial de Políticas Penitenciarias provincial, con quien quedaron en contacto para llevar adelante una serie de charlas respecto a temáticas antidiscriminatorias.