La decisión tiene que ver con una cautelar que había solicitado la concejala de Malvinas Argentinas, Carina Pavón, con el argumento de que no se puede legislar hacia atrás, la cual había sido aceptada por el juez administrativo de San Martín, Aníbal Ocampo.
En ese sentido, el magistrado dio lugar a la apelación y estableció que se tomaría como primer mandato de concejala el de 2019, lo que la habilitaba a poder ser reelegida en 2023.
Sin embargo, la Fiscalía de Estado, a cargo de Hernán González, indicó que “la discusión respecto la retroactividad de la norma, la eventual existencia de derecho adquiridos por la actora al mantenimiento de un régimen electoral, tanto así como la propia constitucionalidad de la norma descalificada para el dictado de la cautelar, son cuestiones que deben supeditarse a la discusión en un proceso pleno”.
Además, la apelación de la Fiscalía de Estado, que posee autonomía gubernamental, precisó que el juez Ocampo incurrió “en un indebido anticipo de jurisdicción” porque la medida cautelar tiene el mismo efecto que una decisión de fondo.
p>En tanto, la Fiscalía de Estado aclaró que el reclamo que se realiza sobre la inconstitucionalidad de la ley de reelecciones indefinidas, “solo pueden ser interpuestas ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires”, por lo que planteó que la justicia de San Martín se declare incompetente.No sólo ha adelantado su postura en relación a los elementos de causa, legitimidad y validez constitucional de las normas impugnadas –aspectos cuyo análisis desborda indudablemente el acotado marco de conocimiento cautelar- sino que ha transformado una tutela provisoria por su propia esencia, en una protección definitiva (Fiscalía de Estado)
Cabe señalar, que el magistrado que falló a favor de la concejala entendió que la retroactividad es “inconstitucional” y que atenta contra la autonomía municipal y los principios de legalidad y de razonabilidad, como planteó Carina Pavón.
La discusión sobre la modificación de las reelecciones indefinidas comenzó semanas atrás cuando el intendente de Morón, Lucas Ghi, adelantó que podría llevarse a cabo una “mesa de trabajo” para, luego, trasladar las conversaciones a la Legislatura bonaerense.
Esto dio el puntapié para que varios intendentes bonaerenses se manifestaran en contra de ley 14.836 sancionada durante la gestión de María Eugenia Vidal, en 2016, y pidieran que se revea el artículo 7 que limita las reelecciones a solo dos períodos consecutivos.
La norma estableció que se contaba como primer mandato al que se había iniciado en 2015, por lo que solo podían volver a presentarse en 2019, lo que significa que más de un centenar de jefes Comunales no podrían volver a presentarse en los comicios de 2023.
En los últimos meses, varios alcaldes del Frente de Todos se reubicaron en el Gobierno nacional o provincial y pidieron licencia en las municipalidades con la idea de que el actual mandato no se tome en cuenta y puedan ser nuevamente candidatos. Fuentes: visionpolitica.info e infoplatense.com.ar