“A mí me decían que el glifosato era agua con sal, y que si me manchaba la cara o alguna parte del cuerpo, simplemente me tenía que aplicar tierra o barro para que se me desactivara”. Esas son las primeras palabras de Sebastián Díaz, un ex aplicador de uno de los tantos campos fumigados en la provincia de Buenos Aires, quien se anima a contar por primera vez su historia.

“Nosotros comíamos con las manos empapadas en glifosato porque nos decían que no tenía peligro alguno. Ahora, después de muchos años, me entero que este producto está considerado cancerígeno”, cuenta Sebastián desde su localidad, Lobos.

Por entonces, los dueños del campo sojero en donde trabajaba, le repetían que su rol era fundamental en “un mundo con hambre”. A menudo, Sebastían recibía una serie de capacitaciones, en donde se les transmitía a él y a sus compañeros de trabajo, la línea de las grandes corporaciones del agro, como Bayer-Monsanto.

“Nos ponían la imagen de un nene africano desnutrido, con la panza hinchada, e insistían que nosotros estábamos ayudando para cambiar eso”, recuerda.

“No sé si hay algún otro trabajo más noble que producir alimentos, pero este trabajo no lo es porque lo que se produce, no son alimentos”, opina Sebastián y recrudece: “Es más parecido a un crimen de lesa humanidad. Esto ni siquiera es alimento para las personas, porque gran parte de lo que se cosecha es para producir biodiesel. ¿Qué nobleza tiene esto entonces?”, reflexiona.

Según la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, en la Argentina se fumigan anualmente 28 millones de hectáreas, con un equivalente a más de 300 millones de litros. Esta increíble cantidad de diferentes agroquímicos, de los cuales al menos 107 son considerados “altamente peligrosos” por la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), son esparcidos a pocos metros de la población rural y urbana.

Con estos números, Argentina se convierte así en uno de los países donde más se fumiga en el mundo, si se tiene en cuenta la cantidad de hectáreas afectadas y el número de población. A eso parece referirse Sebastián cuando habla de un “crimen de lesa humanidad”.

Pero, ¿Qué fue lo que cambió su pensamiento para siempre? Sebastián cuenta que sucedió arriba del famoso “Mosquito” fumigador. Fue cuando le ordenaron pulverizar a escasos metros de una escuela rural.

“Yo, en lo personal, fumigaba escuelas. Escuelas rurales con chicos jugando en sus patios”, reconoce Sebastián y agrega: “Veía como de la máquina derivaba el agroquímico hacia las escuelas. Pero en ese entonces, estaba absolutamente convencido de que lo que yo estaba utilizando era inocuo. Y que lo que estaba haciendo era un bien, porque estaba ayudando a terminar el hambre en el mundo”.

Por eso, el joven remarca la necesidad de que los aplicadores y en general todos los trabajadores de los campos donde se aplican agroquímicos, tengan una real información sobre lo que significa esta práctica, cada vez más resistida por la sociedad y cuestionada por la ciencia.

Sebastián admite que aquel hecho fue reprimido por mucho tiempo en su mente, hasta que hace poco lo recordó, al calor de su formación constante sobre los peligros del agronegocio.

“Hace poco hablé con una vieja conocida... Ella trabajaba en la escuela que yo había fumigado. Había borrado de mi mente ese hecho”, manifiesta. “A ella le extirparon el útero por un posible cáncer. Esto podría haber estado directamente implicado con los agroquímicos que yo fumigaba”, puntualiza con honestidad brutal.

Al día de hoy, el establecimiento educativo continúa resistiendo a las fumigaciones. Hecho que llegó a denunciarse ante la justicia, pero que nos prosperó en ninguna investigación, ni mucho menos en alguna medida precautoria.

Es una realidad que se vive en cada municipio bonaerense. Mientras en algunos se logran sancionar ordenanzas o la justicia interviene con medidas cautelares, en otras localidades, las fumigaciones no tienen límites ni estudio alguno.

Otro de los temas que desvelan a Sebastián Díaz es saber que el rubro no tiene en la actualidad, un órgano o autoridad que pueda controlar y fiscalizar las autodenominadas “buenas prácticas” del agronegocio. Su pensamiento se sustenta en los diferentes episodios que vivió como aplicador y trabajador en uno de los campos fumigados de Lobos.

“En la Argentina tenemos un organismo que se tiene que ocupar de esto, que es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Desde este espacio informaron que no se hacen estudios de toxicidad en el país, porque directamente confían en la ética empresarial de los fabricantes”, explica Sebastián.

¿Cuál es el conflicto que expone el ex aplicador? nadie sabe a ciencia cierta si lo que dicen los fabricantes de agroquímicos, por ejemplo, es cierto. Mientras que los productos de “bandera verde” son los que -en teoría- pueden utilizarse sin daños a la salud y el ambiente, los de “bandera roja” representan a los más venenosos. Debido al no control, uno de los agroquímicos más utilizados hasta ahora, el Paraquat, fue tardíamente denunciado como “altamente peligroso” para la salud humana, a raíz de varios informes científicos.

“Cuando yo trabajaba hace diez años, utilizábamos un producto que se llamaba endosulfán. Por entonces, nos decían que no era un producto riesgoso, si teníamos precauciones. Yo me bajé de la máquina en enero del 2012, y en junio de 2014 se prohibió el endosulfán por ser un producto ´órgano clorado de alto riesgo´, que no solo afecta en altas dosis sino que también afecta en muy bajas dosis, adhiriéndose en el tejido adiposo y quedándose ahí por mucho tiempo”, cuenta con detalles Sebastián, sumando el dato de que este peligroso agroquímico se ha encontrado hasta “en la leche materna”.

UN CEMENTERIO DE BIDONES USADOS

Otro accionar poco conocido y profundamente contaminante, es la práctica de enterramientos bidones usados en los campos. Desde que son utilizados hasta que son enterrados clandestinamente, los bidones pasan por un largo proceso.

Primero, son lavados con agua común para utilizar “hasta la última gota” de agrotóxicos, ya que cada bidón cuesta en dólares y -según relata Sebastián- hay “órdenes estrictas” de los ingenieros agrónomos para que cada bidón se aproveche al máximo. Pero, después, los mismos son descartados y muchas veces los mismos terminan enterrados ilegalmente, pese al potencial peligro de contaminación.

“El llamado ´triple lavado` se trata en realidad de sumergir el bidón dentro del tanque. Después, cargábamos un poco de agua y perforábamos uno de los laterales y ya con eso, cumplíamos con otro objetivo: la inutilización del envase para que ninguna persona que lo encuentre lo utilice para cargar agua y evitar así denuncias por intoxicaciones”, menciona Díaz.

Actualmente, algunos gobiernos municipales y provinciales intentan encontrarle una solución más amigable al medio ambiente para con el descarte de los envases de agroquímicos. Sin embargo, las malas gestiones y el poco control del Estado por sobre los productores, genera que en realidad ocurran diversos basurales clandestinos que muchas veces terminan contaminando arroyos y ríos.

El relato de Sebastián es clave en ese sentido. “Otra cosa que es una real mentira es la disposición segura de los bidones. Conozco casos muy graves de campos muy grandes que tenía una fosa, conocida como ´cava´, donde teníamos la orden de tirar todos los bidones. Una vez que se llenaba, se tapaban con tierra y se abría otra”, explica el ex aplicador.

Sin datos oficiales, algunas organizaciones ambientales han establecido un número aproximado de cuántos bidones se descartan al año. La cifra se sustenta en la cantidad de productos agroquímicos comercializados en el país. En ese sentido, se considera que al menos 25 mil bidones con restos de agroquímicos son descartados ilegalmente, cada año en el país.

¿REALMENTE EXISTEN LAS BUENAS PRÁCTICA?

Después de tantos años de silencio, Sebastián se anima a hablar. Lo hace pausadamente y cree que la práctica de contar su historia, “lo ayuda” a terminar de comprender “algunas mentiras” que se le metieron al cuerpo. Hoy, a sus 33 años, Sebastián tiene una familia, trabaja en una empresa de colectivos y milita en una organización ambientalista de Lobos, llamada “Fuerza Ecológica”.

“Quizás mi testimonio sirva para otras personas que hoy defienden este modelo. Mi lucha personal es por mi nena. Tengo una chiquita de siete años y la verdad que fue muy duro entrar a un pabellón de oncología con ella en brazos, pensando que una enfermedad que tuvo podía ser cáncer. Ese es mi motor”, dice con alivio y preocupación a la vez.

Su vida estuvo marcada por el campo y parte de su historia familiar también está atravesada por trágicas muertes que se relacionan directa o indirectamente al uso de los agroquímicos. Fueron pérdidas que se aceptaron normales en un comienzo y al cabo de unos años, Sebastián las volvió a resignificar.

Sus tíos, quienes en realidad lo criaron desde pequeño, murieron de cáncer de colon. Ambos trabajaban en una plantación propia, pero utilizaban diferentes agroquímicos sin ningún tipo de protección. Primero falleció su tía y posteriormente, su tío corrió la misma suerte. Con la misma enfermedad.

“Mi tío fumigaba con una mochila sin máscara, se tapaba la boca con un pañuelo. Creemos que por eso le estalló un cáncer de colon a mi tía. A los pocos años, le pasó mismo a él”, cuenta con dolor Sebastián, quien cree que “cualquier médico con una chispa de voluntad” podría haber relacionado esas muertes a otra cosa que no sea los magros efectos del cigarrillo.

Después de haber sido testigo de esa extraña y trágica coincidencia, Sebastián también fue apicultor, alambrador y aplicador en los campos fumigados. Todos esos años como un peón más dentro del agronegocio, le despertó algunas conclusiones definitivas. Su testimonio ayuda a poner en ejemplos concretos, lo que decenas de organizaciones ambientales, referentes políticos y parte de la comunidad científica viene alertando sobre el uso de los agroquímicos.

“Las buenas prácticas en el agronegocio son una mentira. Y quizás a la gente hay que hablarle así de simple para que entienda”, concluye Sebastián. Fuente: Infocielo