A pesar de los coletazos del Covid, es indudable que la economía argentina se encuentra en un sendero de recuperación, con aumento en la actividad y generación de empleo. Para que esto se sostenga en el tiempo es importante no solo que el bicho desaparezca o que no falten los dólares necesarios, sino, sanar de fondo nuestra economía. 

La política de subsidios a la energía ha sido una contundente política pública que fue una excelente herramienta de progresividad en la distribución del ingreso (quien se lleva que parte de la torta), además garantizó el acceso y el consumo de estos bienes irremplazables. 

La importancia que para la población tuvieron estas medidas, puede verse a partir de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo). Si desagregamos, se observa que en 1996 un hogar destinaba el 3,5% de sus ingresos al pago de las facturas de gas y electricidad. En el 2004 pasa a 2,6% y en 2012 el 1,3% del ingreso total de un hogar promedio, menos de la mitad del valor de 1996.

Demás está decir que ese ingreso disponible cada vez más alto se podía destinar, entre otras cosas, al Consumo, motor de nuestra economía, tal como se muestra cada vez que se observa el PIB. 

El gráfico precedente muestra que con esa estratégica decisión más argentinos pudieron consumir más luz, y hay que recordar que los servicios de suministro de electricidad están asociados con el aumento del nivel de vida. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible lo reconocen cuando establecen "Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos".

Ahora bien, para que eso suceda el Estado debe afrontar el costo de la tarifa que no paga la gente, ese es el costo del subsidio, que en términos reales y desde el año 2006 aumentaron un 500%. En el año 2015, los mismos ascendieron a más de 200.000 millones de pesos. ¿Esto es malo o bueno? Esto es. 

La contrapartida fueron los cuatro años de Mauricio Macri. Mientras que, en 2015, las boletas de luz para la categoría R2, el kWh costaba $0,042, a finales del 2019, pasó a costar $2,84, es decir, 6600% de aumento.

Pero la factura de luz está compuesta también, por el cargo fijo que pasó de $16,29 cada dos meses, a $74,62 pesos por mes, representando un aumento del 816%. Si además sumamos el IV A (21%), el precio final por bimestre que pagaba un cliente R 2 (consumo de 404 kWh) era de $42,36 pesos, representando por $16,96 de consumo, $16,29 de cargo fijo, $6,98 de IVA. En definitiva, mientras que, en el 2015, se pagaba poco más de $40 por 400 kWh, a finales del 2019 se pagó $1650.

La catastrófica situación que dejó Macri no es motivo de estas líneas, pero mientras el argumento era la sostenibilidad del ambiente, su familia era la mayor importadora de lámparas led. Mientras hablaba de que los países no subsidiaban la energía, en el 2018 el FMI decía lo contrario y nuestro país estaba muy por debajo de otros.

El resultado de la política energética del gobierno anterior, fue una brutal transferencia de ingresos de los sectores consumidores hacia las empresas. Esto se evidencia a partir de los datos de los ejercicios que presentaron las empresas a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires en 2019. Edenor declaró una ganancia de $4.250 millones, Edesur $3.087 millones, Transener $3.176 millones.

Por su parte, el Presupuesto 2021 preveía subsidios a la energía por $623,73 mil millones, lo que representa el 1,7% del PBI. Esto es 0,5% más subsidios que en 2017, 0,4% más que en 2018 y 0,6% más que en 2019. 

Ese gasto permitiría pagar el IFE de $10.000 por casi 7 años, a 9 millones de argentinos. O que los 870.000 beneficiarios del Potenciar Trabajo se conviertan en 11 millones, pero quintuplicando el monto. También, con ese gasto de subsidios se podría pasar la AUH, que actualmente es de $4000 y es cobrada por 4.400.000 madres, a $141.000, una verdadera política distributiva. 

Ahora bien, se vuelve imperioso, que la economía argentina deje de moverse entre los valles y picos del ciclo tan rápido, porque las recesiones son mucho más destructivas que las expansiones. 

Para que eso ocurra, no hace falta nada más, ni nada menos, que la economía transite senderos de normalidad. Más allá de la linda retórica, no es posible que los precios de “la energía” se mantengan constantes, alguien la paga. La gente con tarifas o el Estado con subsidios.

Llegado a este punto, encontramos la dificultad central del tema: encontrar el equilibrio entre ambas. No hay posibilidad de que los argentinos paguemos la luz y el gas como Macri pretendía. Según el cuadro tarifario heredado, solo en Abril el gas tendría que haber aumentado 130% y la luz 168%. Eso es imposible y el gobierno no lo permitió.

Pero también es evidente que el resto del país no puede subsidiar la energía del AMBA. En Argentina históricamente las tarifas de Capital Federal y los primeros cordones de la provincia de Buenos Aires son infinitamente más bajas que en el resto del país. Tal es así, que ya hay regiones que habilitaron aumentos considerables: Tucumán (35%), Corrientes (30%), Mendoza (27%), San Luis (25%), Río Negro (19,5%), Salta (21,78%), Jujuy (20%), Catamarca (20%), Entre Ríos (15%), Córdoba (8,69%), San Juan (6,48%) y Chaco (35%).

Otra cosa que la política energética no puede permitirse es que los pobres subsidien a los ricos. La mayoría de los subsidios se concentran en términos absolutos en los deciles de ingresos más altos. Esto es porque, si bien técnicamente los subsidios se dan de manera plana, es decir, casi "para todos igual", beneficia a los que más luz y gas utilizan. Y no hay dudas que quienes más usan la energía son aquellos que tienen más infraestructura. Dicho de otro modo, los subsidios no pueden beneficiar relativamente más a quien tiene cuatro televisores y dos aires acondicionados en desmedro de aquellos deciles más bajos de la población.

Resulta evidente también, que las Pequeñas y Medianas Empresas, las que generan entre el 65% y el 70% del empleo, necesitan un trato diferenciado de las grandes corporaciones, las que, contrariamente, son las que capturan más renta.

Creo que a esta altura es expresa la necesidad de tener una política de tarifas energéticas consistente con dos objetivos generales. Por un lado, no se puede cobrar tarifas que pongan a la población en aprietos, mucho menos en estos momentos de incertidumbre sanitaria; ni que el costo tarifario evite maximizar la producción y el empleo en las PyMEs. Por otro, no podemos seguir cometiendo los errores del pasado, ni sumando distorsiones a una economía muy dañada.

De esta dicotomía se sale, únicamente, con una visión política que defina claramente el rumbo. Decir que la segmentación tarifaria es esencial parece hacernos caer en un lugar común, pero no hay más secretos que ese, los sectores vulnerables no pueden destinar una parte mayor de sus escasos ingresos al pago de los servicios, pero cierto es que la energía es necesaria para el crecimiento económico, no puede escasear y el Estado tiene un rol irremplazable para definir cuanto de ese costo se paga y quien lo paga. Acá, la progresividad debería ser un norte irremplazable.

Discutir si la luz y el gas deben aumentar es como discutir la cuadratura del círculo, lo esencial es que eso se dé de forma armónica y equilibrada. El debate entonces, debería ser, como ocurrió recientemente en nuestro país con, por ejemplo, las modificaciones en el Impuesto a las Ganancias, qué sectores pagarán. Si la pretensión es aumentar el Ingreso Disponible, hay transferencias directas que son infinitamente más efectivas, porque es socialmente injusto que el segmento más alto de nuestra sociedad se beneficie de los beneficios y no son esos los segmentos más vulnerables, que son quienes, en definitiva, necesitan políticas sociales más robustas. El Gobierno nacional ya transita ese saludable camino.

Leo Anzalone – Economista - @leoanzalone

Director del CEPEC - @cepecok