China desafía: ¿Busca expandir sus instalaciones en la base espacial en Argentina?
El rumor sobre la ampliación de la base espacial que tiene China en la Patagonia se da en el medio de un turbulento contexto geopolítico
China estaría planeando iniciar una segunda fase de obras en su controversial base espacial en Neuquén. Aunque ningún funcionario nacional o provincial confirmó haber recibido comunicación oficial por parte de la embajada china o de los responsables directos de las instalaciones, un comentario realizado por funcionarios chinos durante la última visita oficial a la base ha encendido todas las alarmas: "está prevista una segunda etapa de obras". Esta simple frase, pronunciada casi casualmente durante el recorrido por las instalaciones, podría desatar una tormenta diplomática en un momento especialmente delicado para las relaciones exteriores argentinas.
El timing de estos rumores no podría ser más comprometedor para la administración de Javier Milei, que viró agresivamente la política exterior argentina hacia Washington y lejos de Beijing. Apenas hace días, Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, expresó abiertamente en Buenos Aires que Argentina "debería eventualmente tener suficientes entradas de divisas para poder pagar" el swap de monedas con China y así desligarse financieramente del gigante asiático. Estas declaraciones no son aisladas, sino parte de una estrategia sistemática de la administración Trump para desplazar la influencia china en América Latina, región que considera su zona natural de influencia.
Como lo ha contado El Archivo en varias investigaciones, la base espacial china en Neuquén, inaugurada oficialmente en 2017, representa la primera instalación de este tipo que Beijing opera fuera de su territorio nacional, otorgándole una ventaja estratégica considerable en la carrera espacial global. Con una antena parabólica de 35 metros de diámetro y tecnología de punta, la estación ha sido crucial para misiones chinas como el alunizaje en la cara oculta de la Luna (Chang'E 4) y la recolección de muestras lunares (Chang'E 5). Sin embargo, desde su concepción, el proyecto siempre generó controversia por la naturaleza dual de su tecnología y por la vinculación directa de la Agencia Estatal China de Lanzamiento, Seguimiento y Control General de Satélites (CLTC) con el Ejército Popular de Liberación de China.
El concepto de "tecnología dual" se encuentra en el centro del debate: equipos diseñados con propósitos científicos civiles pueden adaptarse para usos militares o de inteligencia. La gigantesca antena parabólica, aunque oficialmente destinada a comunicaciones con sondas espaciales en el "espacio profundo", técnicamente podría utilizarse para interceptar comunicaciones o realizar seguimiento de satélites militares. Esta ambigüedad intrínseca es precisamente lo que ha generado reiteradas preocupaciones desde Washington, expresadas abiertamente por figuras como la generala Laura Richardson del Comando Sur y el embajador Marc Stanley, quien declaró estar sorprendido de que "Argentina permita que las Fuerzas Armadas chinas operen en Neuquén, en secreto".
La controversia se agudiza cuando se analizan las condiciones establecidas en los convenios firmados durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y la posterior adenda del gobierno de Mauricio Macri que especificaba el uso exclusivamente civil de las instalaciones. Según estos acuerdos, China tiene derechos sobre el predio por 50 años, la estación es operada exclusivamente por personal chino, y se establece que "la Argentina no interrumpirá ni interferirá las actividades normales" que se lleven a cabo en virtud del acuerdo. Más preocupante aún, para ingresar se requiere "autorización expresa del gobierno chino, mediante solicitud escrita remitida, como mínimo, con tres meses de anticipación", creando de facto un enclave con soberanía limitada en territorio argentino.
Las implicaciones tecnológicas de una potencial expansión genera incertidumbre. Aunque la embajada china insiste en que "la Estación de Espacio Lejano en Neuquén es una instalación de cooperación tecnológica espacial", la realidad es que Argentina ha hecho un uso mínimo del 10% del tiempo de antena que le corresponde según el acuerdo. Fuentes oficiales confirmaros a distintos medios que "la CONEA tiene una oficina propia dentro de la estación, pero no consigue un operador altamente capacitado para manejar esos equipos y que quiera vivir en la zona", evidenciando la asimetría en las capacidades tecnológicas que deja al país en desventaja para supervisar efectivamente las actividades realizadas.
El marco legal también presenta ambigüedades preocupantes. La Ley 27.123, que permitió la instalación de la base, otorga a China privilegios excepcionales, como la garantía de trámites acelerados para visas de sus ciudadanos, permisos para usar frecuencias del espectro radioeléctrico nacional, una zona de exclusión que abarca un radio de hasta 100 kilómetros para ciertas bandas, y la aplicación de leyes laborales chinas para los trabajadores del complejo a pesar de operar en territorio argentino. Más inquietante resulta que Argentina renuncia parcialmente a su jurisdicción al acordar que cualquier controversia "se dirimirá amigablemente a través de los correspondientes canales diplomáticos", sin establecer mecanismos claros de arbitraje internacional.
La geopolítica global amplifica la sensibilidad del tema. China está inmersa en una agresiva carrera espacial contra Estados Unidos, con planes declarados de "tener en el 2030 una base en la Luna para luego intentar mandar una nave tripulada a Marte". En este contexto, la base de Neuquén no es simplemente una instalación científica aislada, sino un componente crítico de la infraestructura espacial china y una pieza clave en su proyección de poder global. La oferta china de "llevar un astronauta argentino al espacio", realizada durante la última visita de funcionarios argentinos a la base, ilustra cómo Pekín utiliza la diplomacia espacial como herramienta de influencia geopolítica, en directa competencia con ofertas similares realizadas por la NASA estadounidense.
Los interrogantes sobre la expansión trascienden la mera ampliación física. ¿Qué tipo de equipamiento adicional se instalaría? ¿Se reforzarían las capacidades de comunicación o se incorporarían nuevas tecnologías de seguimiento? ¿Se ampliaría el personal chino residente en la base? Estos detalles, cruciales para evaluar el verdadero impacto de la expansión, permanecen en la sombra, alimentando especulaciones sobre posibles incrementos en las capacidades de vigilancia electrónica o intercepción de comunicaciones, lo que representaría una preocupación legítima de seguridad nacional no solo para Argentina sino para la región.
Las recientes visitas de delegaciones argentinas a la base, incluyendo la presencia inédita de periodistas de medios nacionales y locales, parecen formar parte de una ofensiva diplomática china para normalizar la presencia de la estación y contrarrestar las crecientes críticas. Durante estas visitas, los anfitriones chinos mostraron instalaciones donde "la seguridad del predio de 200 hectáreas está en manos de efectivos de la Policía de Neuquén, incluso manejando un centro de monitoreo de cámaras de seguridad en el interior de la estación y no por soldados chinos como sostuvo una versión periodística". También argumentaron que "la antena parabólica no tiene la velocidad necesaria como para seguir un misil", intentando desmentir teorías sobre su potencial uso militar. Sin embargo, estas demostraciones controladas difícilmente disipan todas las dudas sobre una instalación que permanece mayoritariamente cerrada al escrutinio externo.
Para la administración Milei, los rumores sobre la expansión china representan una primera prueba de fuego real para su proclamada alineación con Estados Unidos y Occidente. Más allá de la retórica, la respuesta concreta ante una solicitud formal china para iniciar nuevas obras revelará la verdadera capacidad de maniobra del gobierno argentino en el tablero geopolítico global. La decisión que tome Buenos Aires enviará un mensaje inequívoco sobre su lealtad geopolítica: permitir la expansión significaría que, a pesar de la retórica pro-estadounidense, los intereses económicos y compromisos previos con China mantienen un peso determinante; bloquearla confirmaría el giro occidental pero podría tener costos económicos inmediatos en un momento de extrema fragilidad financiera para el país.
En última instancia, los rumores sobre la segunda fase de obras en la base espacial china de Neuquén ponen de manifiesto la complicada posición de Argentina como campo de batalla de la nueva Guerra Fría entre Washington y Beijing. La capacidad del gobierno argentino para navegar estas aguas turbulentas, defendiendo simultáneamente la soberanía nacional, los intereses económicos del país y sus alineamientos geopolíticos preferidos, definirá no solo el futuro de esta controversial instalación sino posiblemente el rumbo de la política exterior argentina para las próximas décadas.
