“Quería avisar que en la calle Pedro Iriarte, entre Pringles y Güemes, hay dos caballos sueltos”. “En Tribulato, entre Sarmiento y Alem, hay un cable caído a mitad de calle. Está cortado el tránsito”. “Acaban de robarme la moto. Eran dos pibes y se fueron por la calle…”. “Urgente pido una ambulancia, hubo un choque fuerte en la esquina de....”.
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Los mensajes son de habitantes del partido bonaerense de San Miguel. Cada día, entre 50 y 100 de estos avisos llegan al WhatsApp del programa Ojos en Alerta que funciona desde 2016 en el municipio.
El celular que recibe los mensajes —audios, fotos, textos, videos o ubicaciones— se encuentra en el centro de operaciones municipal, que funciona las 24 horas los 365 días del año. Una vez recibido el aviso, “el operador pone en alerta a quien corresponda para que en no más de cinco minutos llegue al lugar personal de seguridad”, explica Cristian Méndez, secretario de Comunicación del municipio y quien tiene a cargo el programa.
Con el objetivo de involucrar a los vecinos y las vecinas en la prevención del delito y de estar más atentos a las urgencias de quienes los rodean, el Gobierno de San Miguel ofrece capacitaciones para que antes de enviar un mensaje sepan cómo comunicar de manera eficiente y conozcan con qué herramientas cuenta el municipio para dar respuestas.
De los 320.000 habitantes que tiene San Miguel, ya se han capacitado de modo virtual o presencial unos 130.000. “El 50 % de los adultos tiene Ojos en Alerta en su celular y el 90% de los mensajes son para solucionar el problema de una persona que no conocen”, dice Méndez.
El programa que busca mitigar, entre otras cosas, un problema tan sensible para la sociedad como es la seguridad, ya fue replicado en otros 11 municipios. En la provincia de Buenos Aires: Escobar, Pinamar, Morón, Tres de Febrero, Olavarría, Pergamino, 9 de Julio y Coronel Rosales. A los que se suman Sunchales y Rafaela desde la provincia de Santa Fe, y la ciudad de Mendoza.
Méndez empieza cada capacitación —de la que participan entre 30 y 50 personas— con tres preguntas. “La primera es quiénes llaman comúnmente al 911; y levantan la mano entre 5 y 7 personas. La segunda es quién alguna vez llamó al 911; y levantan la mano unas 10. La tercera es quién alguna vez vio un robo, una emergencia, un siniestro vial, un semáforo o barrera que no funciona y ahí todos levantan la mano”, dice el funcionario y también creador de Ojos en Alerta.
Esas respuestas, para Méndez, “por un lado, derriban el mito de que faltan patrulleros o policías porque es muy infrecuente que se cometan delitos frente a la policía. Y, por otro lado, deja expuesto que la gente no llama al 911 porque no le tiene confianza, porque cree que la patrulla no va a llegar. Trabajando juntas todas las fuerzas de seguridad en el 70 % de los alertas enviados por los vecinos que dicen ‘me acaban de robar’ logramos atrapar a la persona que cometió el delito”.
Cuando el Gobierno municipal empezó a implementar el programa, lo hizo primero convocando a choferes de remises y colectivos “porque ellos estaban mucho en la calle, viendo lo que allí ocurría”, explica. Luego, se sumaron comerciantes y encargados de edificios. Para después empezar a capacitar a cualquier ciudadano.
Cada mensaje recibido se sube a una base de datos que le permite al municipio contar con información de lo que pasa en la calle y así “optimizar los recursos que tiene el Estado”, sostiene Méndez.
En el caso de San Miguel, en el centro de operaciones confluye la información que envían las 680 cámaras ubicadas en la vía pública. A ese recurso se suman 52 patrulleros y 313 policías municipales, 27 patrulleros y 338 policías provinciales, y 8 patrulleros y 183 personas de Gendarmería. Además, el sistema de atención médica de emergencias, bomberos y defensa civil. Puntualiza el funcionario: “Cuando el operador recibe un mensaje, cuenta con todas estas herramientas para dar respuesta inmediata.”
En cuanto al impacto del programa en la comunidad, Méndez afirma que desde su implementación “los delitos medibles —es decir, que siempre se denuncian— como el robo y hurto de automotores y motos, y los asesinatos bajaron entre el 50 % y el 70 %.”
Según el Gobierno municipal, en los cinco años que lleva funcionando Ojos en Alerta en San Miguel, un 40 % de los mensajes se relacionan con la prevención de delitos —como violencia de género, robo o hurto—, un 25 % refieren a delitos ya consumados (es decir que un 65 % de los mensajes se relacionan con la seguridad), un 12 % son de control urbano —música fuerte, problemas entre vecinos, comercio que vende alcohol fuera del horario permitido, etc.—, un 8 % por problemas en el tránsito, un 6,5 % de alertas que requieren de bomberos o personal de defensa civil, el 5 % al servicio médico de emergencia y un 4,5 % abarca otras situaciones.
En los casos de violencia de género, Méndez aclara: “Si una persona se siente amenazada, con solo enviarnos su ubicación nosotros derivamos un móvil sin llamar ni responder al mensaje porque consideramos que podemos ponerla más en riesgo. De hecho, nos llegó un oficio de un juez para que le demos Ojos en Alerta a una persona porque era víctima de violencia de género. El juez lo tomó como botón antipánico y se ahorró la inversión del Ministerio Público Fiscal.”
En Rafaela viven unos 110.000 habitantes. Allí, desde hace 15 años, funciona la Guardia Urbana Rafaelina —hoy conformada por 58 personas— que es la que recibe todas las demandas que los ciudadanos y ciudadanas tienen para hacerle al Estado municipal en la vía pública. “Desde inconvenientes con los servicios públicos —agua, gas, electricidad—, hasta problemas sociales, incendios o hechos de inseguridad”, enumera Maximiliano Postovit, secretario de Prevención en Seguridad del municipio.
En junio de 2021 el Gobierno local decidió sumar Ojos en Alerta para que los ciudadanos puedan comunicarse en forma directa y para concentrar las respuestas en el centro de monitoreo urbano “que recibe la información de 178 cámaras dispuestas en distintos puntos de la ciudad —algunas son lectoras de patentes— más otras 100 en el servicio público de pasajeros, y articula acciones con la Policía provincial, Gendarmería, Policía Federal y las dependencias municipales”, cuenta Postovit.
La implementación del programa demandó una organización y una logística más eficiente de lo que el Estado ya tenía pero no costos altos. Detalla el secretario: “No requirió más inversión que un celular de alta gama y un soporte que permite cargar y conectar el celular para trabajar con él como si fuera una computadora.”
Como ocurre en San Miguel, en la ciudad santafesina el centro de monitoreo urbano recibe mensajes de los vecinos relacionados con seguridad, siniestros de tránsito, prevención, personas descompensadas o incendios. Mientras que la ciudad “está dividida en cuadrículas que recorren las fuerzas de seguridad, por lo que no se tarda más de cinco minutos en llegar al lugar donde se las reclama”, explica Postovit.
En cuatro meses ya se capacitaron 953 personas. Se hicieron acuerdos con la Cámara Comercial e Industrial, la Sociedad Rural, asociaciones vecinales, clubes y remiseros para reunir a personas de esas organizaciones, ir a buscarlas y llevarlas al Centro de Monitoreo Urbano donde se dan las capacitaciones. Al mismo tiempo se abrieron las inscripciones a las capacitaciones —virtuales o presenciales— al público en general a través de la web del municipio.
“La capacitación es fundamental para el funcionamiento del programa. Es importante que los ciudadanos sepan cómo informar de la mejor manera y lo más rápido posible: ser concretos, mandar audios cortos, saber que pueden mandar la ubicación ante una situación de inseguridad o de violencia de género”, dice Postovit.
“También es importante —sigue— porque el vecino ve los recursos con los que cuenta el municipio y que están a su servicio cuando así lo requiera. Por ejemplo, ven que las cámaras funcionan y observan en tiempo real cómo articulamos con las fuerzas de seguridad en la calle.”
La secretaría de Prevención en Seguridad registró desde junio hasta la actualidad 242 mensajes enviados por vecinos, de los cuales 32% alertaron sobre situaciones sospechosas y 9,5 %, siniestros viales.
A diferencia de San Miguel y Rafaela, en Mendoza Ojos Alerta no recibe demandas sobre cuestiones municipales o de tránsito, a menos que sean siniestros viales o que una persona esté descompuesta en la calle.
En la ciudad de Mendoza, donde viven unas 120.000 personas e ingresan unas 400.000 diariamente a trabajar, Ojos en Alerta comenzó a implementarse en julio de 2020 y “en materia de prevención se transformó en el eje de nuestras políticas”, afirma Pablo Levin, coordinador de Prevención Ciudadana y de quien depende el programa.
Allí se han realizado unas 250 capacitaciones y unas 3.500 personas ya cuentan con Ojos en Alerta en sus celulares. “Nuestro objetivo es terminar la gestión en 2023 habiendo sumado a un 10 % de la población como miembro del programa”, dice Levin.
Otra particularidad que tiene Mendoza es que los ciudadanos miembros sí o sí deben capacitarse de modo presencial y registrarse en la agenda del programa. “Así evitamos las falsas denuncias o que nos liberen zonas”, sostiene el funcionario. Y agrega: “No respondemos a mensajes enviados desde celulares que no tenemos agendados”.
Sobre este punto Méndez cuenta que en San Miguel tienen una postura diferente: “Desde 2016 hasta hoy, solo tuvimos una falsa denuncia y privilegiamos que cualquier ciudadano que está en nuestro municipio y necesita ayuda o la pide para otros tenga respuesta”.
“El programa permite tener registro de delitos menores que antes no eran denunciados —como el robo de celulares, carteras o billeteras—. Así tenemos la posibilidad de generar un mapa con lo que realmente pasa en la ciudad”, dice Levin sobre Mendoza.
De las 3.300 alertas recibidas en el centro de monitoreo en 15 meses, detalla Levin: “El 56 % informaban sobre actitudes sospechosas y que se pudieron disuadir con un móvil de preventores —personal de seguridad municipal no armado—, 15 % referían siniestros viales, 10 % fueron por robos, 2 % por hurtos y un 2 % fueron mensajes de quienes usan el sistema como botón antipánico —en esos casos no contestamos y nos dirigimos inmediatamente con un móvil—.”
Para dar respuesta a los alertas, se dividió la ciudad en catorce zonas y a cada una se le asignaron autos y motos de la policía y de los preventores. “En el 87 % de los casos llegamos dentro de los siete minutos. En el 13 % restante tardamos dos o tres minutos más”, puntualiza Levin.
El 6 de octubre pasado, quienes tienen a cargo Ojos en Alerta en los doce municipios que cuentan con el programa, se reunieron en San Miguel para analizar sus experiencias. Ahí concluyeron que “es muy importante la convocatoria a las capacitaciones, generar confianza en los vecinos, responder con rapidez a cada uno de los mensajes —sea cual sea la respuesta—, comunicar claramente que existe el programa para que las personas tentadas de delinquir sepan que hay un sistema de alertas sostenido por los vecinos”, dice Méndez.
Por último, cuando un inscripto a Ojos en Alerta visita una ciudad turística que utiliza el programa —como pueden ser Pinamar o Mendoza— puede acercarse a uno de los puntos de atención del municipio, mostrar el celular donde se verifique que es usuario registrado en otra ciudad y solicitar provisoriamente el contacto local. Fuentes: visionpolitica.info y redaccion.com.ar
