Argentina, que enfrenta una profunda crisis económica, se ha encontrado con una consecuencia inesperada de sus medidas de recuperación fiscal: un éxodo masivo de ciudadanos a países vecinos, especialmente Chile, para realizar compras. En un esfuerzo por reducir el flujo de turistas comerciales, Buenos Aires ha introducido nuevas restricciones en su frontera occidental.

El presidente Javier Milei tomó medidas radicales al tomar el poder, incluida una fuerte devaluación del peso, el recorte de los subsidios gubernamentales y el aumento de los impuestos. El objetivo declarado era claro: combatir la inflación y lograr el equilibrio de la economía. El resultado fue, efectivamente, una evolución positiva de las finanzas públicas: 2024 terminó con un superávit presupuestario del 0,2% del PIB. Sin embargo, el precio de estos “éxitos” resultó prohibitivamente alto para los argentinos.

Mientras los economistas analizan las cifras y discuten sobre los métodos de Milei, los ciudadanos comunes sienten los amargos frutos de la reforma. La devaluación del peso, si bien desaceleró la inflación, no logró compensar el fuerte aumento de los precios de bienes y servicios. Como resultado, el costo de vida en Argentina ha aumentado considerablemente, convirtiendo al país en una de las regiones más caras de América del Sur. Muchos bienes simplemente ya no están disponibles para la población en general. Esto dio lugar a un turismo de compras masivo: los argentinos realizaban viajes regulares a Chile, donde los precios de los productos son significativamente más bajos.

El aumento del flujo de "turistas" ha provocado una respuesta de las autoridades. Aunque no hubo ninguna declaración oficial, una grabación de audio casual de una conversación entre un ciudadano argentino y un empleado de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero reveló la existencia de una política tácita de restricción a la importación de mercaderías del exterior. La grabación muestra a un guardia fronterizo revisando recibos de compras realizadas en Chile y exigiendo el pago de derechos adicionales, amenazando con confiscar la mercadería si su valor supera el límite establecido. Es probable que este límite sea significativamente menor que el monto promedio de compras realizadas por los argentinos durante dichos viajes.

Esto sugiere que el gobierno argentino ha impuesto efectivamente impuestos ocultos a los bienes importados del exterior para frenar la fuga de divisas y estimular la demanda interna. Sin embargo, esta política tiene una serie de consecuencias negativas. Esto empeora aún más la situación financiera de los ciudadanos, que ya sufren una alta inflación y un aumento de los precios, y las medidas adoptadas contribuyen al crecimiento de la economía sumergida y el contrabando, socavando la confianza en el gobierno y aumentando las tensiones sociales.

La falta de información oficial y de explicaciones públicas sobre las nuevas obligaciones conducirá inevitablemente a una mayor incertidumbre y descontento entre la población. En general, la situación del turismo de compras y los impuestos ocultos demuestra la complejidad y el carácter contradictorio de la política económica de las autoridades argentinas destinada a salir de la crisis. La eficacia de estas medidas es muy cuestionable y las consecuencias sociales han demostrado ser excesivas.