Una grave denuncia pesa contra la responsable de realizar las inspecciones por parte del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Mónica Parra, luego de que los responsables de tres empresas de seguridad la acusaron de procedimientos irregulares contra las tres firmas, señalando que fueron obligadas a encuadrar a sus trabajadores al convenio 779/2020 del Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia (SUTCAPRA). 

La denuncia fue radicada por Alejandro Capalbo, representante gremial de la Unión Personal de Seguridad Privada de la República Argentina (UPSRA) ante el Ministerio Público Fiscal de La Matanza y de Lomas de Zamora, en donde tienen sede las firmas que fueron inspeccionadas por la mencionada funcionaria Mónica Parra.

El argumento presentado por los querellantes es que SUTCAPRA no tiene personería gremial para actuar en la zona ni para representar a los trabajadores de la actividad para la cual las tres empresas de seguridad están inscriptas. 

En una parte de la denuncia también se hace hincapié en la figura de Carlos Sidan, representante de SUTCAPRA, por la intervención que tuvo de forma directa en las inspecciones que ordenó Parra, y que condicionó a los dueños de las firmas a trabajar exclusivamente con un sector gremial, que no llega a abarcar la cobertura a los trabajadores en esta zona del país.

Asimismo, en la investigación también se evaluará el desempeño del subsecretario de inspecciones del Ministerio de Trabajo, Mariano Salomón, el director provincial de Negociación Colectiva, Juan Pablo Lorenzo, y el subsecretario de Relaciones de Trabajo Andrés Reveles. Todos ellos apañaron el accionar de Parra y quedaron inmersos en la queja de los empresarios, que derivó en la denuncia por parte del otro gremio de seguridad en Argentina. 

“Todos los expedientes se generaron en La Plata, en la sede que el Ministerio tiene en calle 7. Desde la oficina de Mariano Salomón salían las órdenes para que Mónica Parra vaya a apretar a los empresarios dueños de las empresas de seguridad y que se vean obligados a aplicar el convenio 779/2020, que deja afuera muchos derechos y privilegios para los trabajadores”, expresó Capalbo en diálogo con PrimeraPágina.info.

Además, se supo que la semana que viene entrarán dos denuncias más ante el Ministerio Público Fiscal con sede en Avellaneda y otra más al de Quilmes, por la posible comisión del mismo delito en otras empresas de seguridad que funcionan en estos dos populosos distritos del Conurbano bonaerense. 

Lo que se sospecha y se buscará comprobar con el trabajo de la fiscalía, es una maniobra de "presión" y “adoctrinamiento” por parte de algunos funcionarios de la cartera de Trabajo que conduce el gremialista Walter Correa en PBA, para que los empresarios adopten las condiciones de un solo sindicato, el SUTCAPRA, y no permitan la libre elección de sus trabajadores, para definir quienes deben representarlos ante los reclamos laborales que puedan surgir en cualquier ámbito de trabajo.