El Gobierno de la Nación revisó su plan de ajuste tarifario con el fin de generar confianza en los mercados y evitar un impacto negativo en la economía de los hogares en un año electoral clave. En esta nueva estrategia, se decidió que las boletas de luz y gas se actualizarán de acuerdo a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica mensualmente el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

En su esfuerzo por equilibrar la necesidad de mantener una tarifa accesible para las familias más vulnerables y al mismo tiempo controlar el gasto público, el Ministerio de Economía anunció que los ajustes a las tarifas se realizarán por debajo de la inflación en los primeros meses del año. Durante enero y febrero, los incrementos en electricidad y gas serán del 1,6%, cuando el IPC proyectado rondará el 2%.

Sin embargo, el camino hacia estos ajustes no estuvo exento de controversia. El Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) había previsto aumentos de hasta un 12% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), medida que hubiera afectado especialmente a los usuarios de menores ingresos. Ante las críticas y la preocupación por la presión que esto podría generar en la población, la Casa Rosada revirtió la decisión, reduciendo los incrementos a un 1,5%.

Además, el Gobierno modificó su plan de reducción de subsidios, ajustando la cobertura para los usuarios de los niveles 2 y 3. Los hogares con menores ingresos verán una leve reducción en el subsidio, pasando del 72% al 65% en el nivel 2, y del 56% al 50% en el nivel 3. Estos cambios se implementarán de manera gradual a lo largo del año, con el objetivo de no generar un golpe abrupto en los hogares más vulnerables.

En un intento por equilibrar la reducción del gasto estatal y mantener el superávit fiscal como uno de los pilares del programa económico, la tarifa social, que beneficiaba a los usuarios de nivel 2, quedará postergada hasta al menos 2026 o después de las elecciones, evitando así la pérdida de asistencia estatal para 3,4 millones de familias.

Con esta medida, el Gobierno busca evitar que las tarifas se conviertan en un obstáculo más en el camino hacia la estabilización económica, al tiempo que mantenga la cobertura del subsidio en un nivel accesible para una gran parte de la población.