El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el recorte apunta a optimizar la administración pública y reducir el gasto estatal. La medida, impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se implementará antes del 31 de marzo y forma parte de una reestructuración que ya desvinculó a más de 2.800 empleados. La decisión generó debate sobre su impacto en la atención al contribuyente y la eficiencia del sistema.
Adorni justificó la medida al señalar que muchas oficinas contaban con una baja demanda de atención, mientras que algunos funcionarios cobraban sueldos elevados por tareas mínimas.
Además, mencionó la eliminación de beneficios para altos cargos, como un gimnasio exclusivo para directivos. Desde la oposición y gremios estatales advirtieron que la reducción de personal podría afectar el control impositivo y la recaudación.
