Promesas de trabajo. Contratos truchos a espaldas de los postulantes. Camiones de caudales del Banco de Provincia de Buenos Aires. Varios exfuncionarios públicos que aceptaron su responsabilidad y esperan condena. Un daño patrimonial de 16 millones de pesos al erario bonaerense, unos 4 millones de dólares de aquel entonces. La cifra actualizada a la fecha es de “alrededor de 1.200 millones de pesos”, confirmaron fuentes judiciales. Una causa abierta que apunta hacia un exministro que no avanza. Todo esto (y mucho más) contiene la investigación penal abierta que llegó a juicio oral donde los fiscales Jorge Paolini y Victoria Huergo desplegaron una batería contundente de evidencias que demostraron cómo fue el mecanismo de corrupción para vaciar las arcas del Astillero Río Santiago (ARS), durante el segundo mandato de exgobernador Daniel Scioli.
Una de las pruebas centrales es la declaración de un Contador Público instructor de la Policía Judicial de la provincia de Buenos Aires quien reveló cómo fue la maniobra utilizada para generar millonarios desvíos de fondos del Astillero Río Santiago (ARS) durante los años 2012 y 2013, en el marco del juicio oral a cargo de Tribunal Oral Criminal I de La Plata. Por este hecho es juzgado uno solo de los procesados, el resto presentó un acuerdo de juicio abreviado que deberá ser resuelto por el Tribunal Oral Criminal III de La Plata, confirmaron fuentes judiciales a este medio. En el banquillo de los acusados iban a estar el expresidente del ARS Héctor Scavuzzo junto a Rodolfo Elisetch (excoordinador de sueldos y jornales), el exgerente general Julio Borovik, el exsecretario de presidencia, Oscar Borcerio y el empresario Roberto Fiocca. Las defensas de estas personas procesadas presentaron acuerdos para evitar el debate oral a cambio de aceptar su responsabilidad en los hechos y comenzar a reparar el daño generado, tal como informó este medio.
En la audiencia del miércoles 10 de agosto declaró el contador Fabio Gabriel Morzilli quien se desempeña como instructor en la Policía Judicial bonaerense. El profesional dio detalles precisos de cómo se realizaba la maniobra con la que se sospecha se apoderaron de más de 16 millones de pesos. En 2012 el precio del dólar oficial era de $4,62 mientras que en 2013 (cuando se descubrió la maniobra) la divisa norteamericana cotizaba a $5,26.
El profesional participó del allanamiento en el Astillero y en el análisis de la documentación secuestrada en ese procedimiento. Del área de liquidaciones de sueldos y jornales secuestraron documentación de personal superior (donde se produjo la maniobra), de jubilaciones, convenios y becas. En los legajos de jubilados, personal de planta y becados no se encontraron irregularidades. La mirada se posó en los nombramientos de personal superior que percibían suculentos salarios, que se pagaban en efectivo, no estaban bancarizados y se los denominaba “ensobrados”.
La maniobra consistía en la confección de contratos falsos realizados con datos de personas que en la mayoría de los casos nunca se enteró que figuraba empleada en el gigante naval de Ensenada. Las remuneraciones de esas locaciones de servicios temporarias hechas a espaldas de esas personas fueron cobradas, se sospecha, por los acusados que solicitaron el juicio abreviado.
Durante la etapa de instrucción el fiscal Paolini y el contador Morzilli tomaron decenas de declaraciones testimoniales en La Plata y Mar del Plata. Pero había personas que figuraban contratadas por el Astillero en diversos puntos de la geografía bonarense: Pringles, Berisso y Bahía Blanca, entre otros.
Según se estableció, desde la presidencia del ARS le pedían a Andrés Ombrosi (el único acusado que fue a juicio con el objetivo de demostrar ser ajeno al robo de fondos públicos –peculado-) datos de personas para confeccionar esos contratos. El acusado solicitaba curriculums y fotocopias de DNI con la excusa de gestionarles un trabajo en el Ministerio de la Producción, pero se trataba de un engaño. Muchas de esas personas luego aparecieron cobrando de parte del ente público. Para el testigo se trató de una maniobra “burda” ya que
Con muy pocos datos se hacía figurar que una persona trabajaba
El profesional también recordó que a poco de empezar la causa desde el Banco Provincia le informaron que todos los meses mandaban un camión de caudales con efectivo al Astillero. En ese momento “se pagaban más de un millón de pesos mensuales con este sistema”, señaló.
La investigación estuvo a cargo del entonces fiscal de delitos complejos de La Plata, Paolini, quien ahora es el fiscal de juicio del caso junto a Huergo. Durante la etapa de instrucción del expediente, el funcionario detalló que la operación incluía el nombramiento en cargos jerárquicos de personas que no asumían en el puesto con sueldos de entre $25 mil y $45 mil.
"Entre los meses de enero de 2012 y diciembre de 2014, el presidente de Astillero Río Santiago, con la colaboración de otras personas, sustrajo de acuerdo a la figura de Peculado importante suma de dinero bajo el disfraz de falsas contrataciones de distintas personas que hacía figurar cumpliendo distintas funciones en el área de Presidencia, y otras áreas cercanas", dijo el fiscal Paolini.
Según confirmó, la causa salió a la luz cuando una vecina de la localidad bonaerense de Coronel Pringles fue a cobrar la Asignación Universal por Hijo. Pero en la ventanilla le dijeron que su beneficio había caducado debido a que el esposo -un trabajador rural de la zona-, aparecía cobrando cerca de $30 mil mensuales en Astilleros. La mujer y su marido hicieron de inmediato la denuncia policial y judicial. Y esa presentación fue la punta del ovillo que permitió acreditar las irregularidades.
Cabe señalar que Scavuzzo, el entonces titular de Astilleros, fue también intendente de Coronel Pringles, ciudad en la que fue detenido. Luego fue excarcelado bajo caución juratoria, es decir, bajo promesa de no cometer delitos ni entorpecer la investigación. Los otros aprehendidos, considerados por la Justicia como “colaboradores necesarios” fueron el Coordinador de Sueldos y Jornales y Personal Superior, Rodolfo Guillermo Elisetch, el Secretario de Presidencia, Oscar Borcerio, y del por entonces Gerente General, Julio Borovik, entre otros.
Los investigadores descubrieron que en su mayoría los contratos se encontraban a nombre de "indigentes, vendedores ambulantes, toda gente muy humilde". En rigor, lo que se juzgará es la presunta participación de exfuncionarios de Astilleros en la perpetración de la maniobra delictiva con la contratación de esos agentes "truchos". Fuentes de tribunales anticiparon que ese ardid estaría acreditado a partir de la documentación secuestrada en el área de Tesorería de Astilleros.
Según consta en la denuncia, Paolini consideró que hay "indicios vehementes y semiplena prueba" del delito de peculado cometido "entre al menos los meses de enero de 2012 y diciembre de 2013" y la estafa al erario bonaerense se realizó mediante la "liquidación de sueldos en contrato a plazo fijo a nombre de distintas personas que ignoraban tal circunstancia y que nunca trabajaron para el Astillero", por la suma total de $16.100.478. Una vez efectuada la liquidación -afirmó el fiscal en la instrucción de la causa-, las sumas correspondientes a los sueldos de estas personas eran retiradas mes a mes de la tesorería de ARS, y sustraídas por Elisetch, uno de los imputados.
"Para poder llevar a cabo esta maniobra -continuó Paolini-, los imputados se valieron de la existencia de un circuito administrativo (diseñado unos meses antes de la asunción del presidente aquí imputado), por el cual se concentraba la confección de los contratos y legajos y las liquidaciones de sueldos de Personal Superior en un único área, la oficina de Coordinación de Sueldos y Jornales y Personal Superior".
El final del recorrido es la liquidación del dinero, que se pagaba en efectivo, a diferencia del resto de la administración pública, que está bancarizada, de manera "inexplicable", según escribió Paolini en el expediente. "Inexplicablemente se pagaban importantísimas sumas de dinero (cerca de dos millones de pesos mensuales, en ese entonces el valor del dólar oficial era inferior a $10) en efectivo, para lo cual debían trasladarse los fondos desde el Banco Provincia -en camión de caudales- hasta el Astillero, con el peligro de sustracción que ello conlleva", consideró.
En septiembre de 2017 el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires ordenó que Scavuzzo deberá reintegrar más de 90 millones de pesos al Estado provincial. La decisión del Tribunal de Cuentas se dio tras detectar irregularidades por gastos ocasionados en esa empresa durante su gestión, en una causa iniciada por "peculado". "Es importante lo que dictaminó el Tribunal de Cuentas de la provincia", expresó entonces Paolini a la agencia Télam, e indicó que esa decisión corrobora "todas las pruebas recolectadas" durante su pesquisa.
"Ya había comprobado que Scavuzzo hizo gastos que no correspondían. Le había imputado que realizaba gastos del Astillero para uso personal, como pagar alojamientos o cenas que no correspondían a su función", resaltó el fiscal. El Tribunal de Cuentas de la provincia auditó todos los movimientos contables registrados durante la gestión de Scavuzzo, y detectó una serie de "irregularidades", como gastos personales hasta la liquidación de sueldos a empleados "ñoquis", que en algunos casos ascendían a unos $400 mil por año. Se detectaron irregularidades por $90.779.046, que Scavuzzo deberá restituir "para la reparación plena e integral del perjuicio ocasionado al patrimonio fiscal".
La disposición del Tribunal de Cuentas también alcanza al excoordinador de Sueldos del personal jerárquico de Astilleros, Rodolfo Elisetch, y en el fallo de más de 100 fojas, el organismo destacó "gastos con faltante de documentación de respaldo". En su declaración indagatoria ante el fiscal Paolini, Scavuzzo apuntó al ex ministro de la Producción de entonces, Cristian Breitenstein, ya que según dijo el exfuncionario se presentaba "en persona" para llevarse los sueldos de esos empleados.
Breitenstein, por su parte, negó en aquella oportunidad estar comprometido e indicó que en su función como ministro de Producción, Ciencia y Tecnología estaban bajo su órbita las áreas de Industria, Minería, Comercio, Ciencia y Tecnología, Relaciones Internacionales, PyMEs, Puertos, Fogaba y Astillero Río Santiago.
"Estos dos últimos, con absoluta independencia funcional. Es decir, yo no los administraba. Para ser más claro, ambos tenían su presidente, su directorio (en el caso de Fogaba) y su propia estructura administrativa independiente del Ministerio", afirmó y agregó: "Yo no tenía firma en esos ámbitos (con algunas excepciones muy particulares) y sus presidentes eran designados por el gobernador". "No tuve la menor injerencia en la administración del día a día en esos lugares y menos aún firmé contratos ni dispuse movimientos de dinero ni retiré ni mandé a retirar recurso alguno", enfatizó y cerró: "ARS es una empresa que percibe recursos del Estado y de los privados y tiene un régimen de contratación de la actividad privada que tiene rotación de personal, y en algunos casos se requiere de gente por cortos plazos".
Pese a su descargo existe una causa que tramita en la justicia Penal de La Plata cuyo norte procesal es seguir investigando a más personas, entre ellas al ex ministro, quien se encuentra radicado en Alemania. El expediente se abrió en el año 2017, como un alcance de la causa principal, durante la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal, pero la causa no registra avances. El único cuerpo cuenta con la denuncia de apertura y algunas fojas más que no muestran un impulso de la acción. También existe otra causa penal por presunta corrupción durante la gestión de la exgobernadora la que registra pocos avances y generó el pedido de juicio político de parte de un sector del kirchnerismo al fiscal a cargo de la pesquisa.
