La obligación de mantener a un hijo parece ser un deber incuestionable de los padres, pero ¿qué pasa cuando estos fallan? En la Argentina, la ley establece un orden jerárquico que incluye a los abuelos en la cadena de responsabilidades, dejando claro que la solidaridad familiar no es solo un valor ético, sino también una exigencia jurídica.

El Código Civil y Comercial y la Convención sobre los Derechos del Niño precisan que el interés superior del niño es prioritario. Esto implica que, si los progenitores incumplen con su deber, los abuelos pueden ser llamados a suplir esa ausencia. Sin embargo, este principio legal no está exento de controversias, especialmente cuando los abuelos son jubilados o tienen recursos limitados.

Un caso reciente en Pehuajó pone en evidencia esta tensión. Un tribunal ordenó a unos abuelos paternos, uno de ellos jubilado, abonar una cuota alimentaria para sus nietos tras probarse el incumplimiento del padre. Más allá de la resolución judicial, la pregunta de fondo persiste: ¿hasta qué punto es justo trasladar esta responsabilidad?

La ley responde con claridad: los alimentos son un deber compartido y subsidiario entre familiares. Pero la realidad interpela. Este tipo de fallos nos recuerda que la justicia no solo debe analizar las normas, sino también los contextos económicos y sociales que atraviesan a las familias argentinas. ¿Hasta dónde se debe exigir a los abuelos en nombre de la solidaridad? El debate sigue abierto.