¿Por qué el juez Lijo, nominado por Milei para la Corte, sobreseyó a Andrés Vázquez, director de la DGI, por la fuerza?
El sobreseimiento del juez Ariel Lijo al actual director de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez, desató una ola de controversias en los ámbitos judicial, político y mediático.
Tras más de una década de investigación por supuestas cuentas bancarias opacas en el exterior y posible enriquecimiento ilícito, el juez argumentó la imposibilidad de recabar pruebas concluyentes debido a la falta de cooperación internacional y la garantía de plazos razonables.
Este desenlace pone en tela de juicio el sistema judicial y los mecanismos de investigación de delitos financieros en Argentina.
Todo comenzó en 2007 con una denuncia de Graciela Ocaña, entonces interventora del PAMI, contra Rubén Romano, un gerente de la obra social.
Investigando el patrimonio de Romano, los peritos se toparon con cuentas bancarias no declaradas y una sucursal clandestina del BNP Paribas en Argentina, que administraba fondos de clientes VIP.
Uno de esos nombres era Andrés Vázquez, en ese momento jefe de la Dirección Regional Sur Metropolitana de la AFIP.
Según los registros, Vázquez habría transferido 461.000 dólares a una cuenta en Curaçao y, posteriormente, movido fondos hacia Luxemburgo.
Los documentos de la "cueva" del BNP Paribas indicaban que Vázquez aparecía como "primer titular" de las cuentas, junto a su hermana Silvia.
Este dato, sumado a irregularidades como una dirección inexistente de su supuesto estudio contable y la omisión de su cargo público en los formularios bancarios, cimentó las sospechas.
Sin embargo, los exhortos enviados a Curaçao y Luxemburgo para verificar estas cuentas nunca recibieron respuesta.
En su indagatoria, Vázquez negó los cargos, afirmando ser víctima de una "operación de prensa" vinculada al Grupo Clarín, por su rol en el megaoperativo de 2009.
Su abogado, Santiago Blanco Bermúdez, conocido por su cercanía con Jaime Stiuso, respaldó esta versión.
La Procelac aportó información clave al determinar que ni Vázquez ni su hermana habían declarado activos en el exterior entre 2000 y 2009. No obstante, la falta de pruebas concretas debilitó la causa.
En 2018, el juez Sergio Torres dictó un primer sobreseimiento, alegando dificultades para recabar datos útiles a nivel internacional.
Aunque esta decisión fue apelada y revocada por la Cámara Federal, que ordenó reactivar las investigaciones, la situación no mejoró.
Finalmente, Ariel Lijo retomó la causa en 2022, alcanzando la misma conclusión que Torres: la investigación había excedido los plazos razonables y seguía siendo imposible obtener pruebas determinantes.
La decisión de Lijo no estuvo exenta de controversias. Voceros del gobierno, como Manuel Adorni, ofrecieron explicaciones que contradecían el expediente judicial, afirmando que los bancos involucrados habían negado la existencia de las cuentas.
Sin embargo, la realidad es que los exhortos internacionales nunca fueron contestados. Además, ni la Unidad de Información Financiera (UIF) ni la AFIP lograron aportar evidencias complementarias.
Este caso también expone un entramado de influencias políticas y empresariales. Durante su gestión en la AFIP, Vázquez estuvo vinculado a figuras como Ricardo Echegaray y Lázaro Báez, así como a sectores de la inteligencia estatal liderados por "Paco" Larcher y Jaime Stiuso.
Estas conexiones alimentaron sospechas sobre su posible participación en maniobras de lavado y fuga de capitales.
El sobreseimiento de Vázquez no despeja las dudas sobre la existencia de las cuentas en Curaçao y Luxemburgo ni sobre el origen de los fondos.
La falta de cooperación internacional y la ineficacia de los mecanismos locales dejaron una sensación de impunidad.
Además, queda pendiente investigar la compra de inmuebles en Miami mediante sociedades offshore, un aspecto no abordado en el expediente.
Este caso ilustra las limitaciones del sistema judicial argentino para perseguir delitos complejos con ramificaciones internacionales.
También plantea interrogantes sobre el rol de las instituciones estatales en garantizar la transparencia y combatir la corrupción.
Mientras tanto, Andrés Vázquez sigue al frente de la DGI, protegido por un fallo judicial que, más que absolverlo, evidencia las fallas de un sistema que no logra cerrar las brechas de la justicia financiera.
El flamante jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Edgardo Vázquez, se encuentra en el ojo de la tormenta tras revelarse que adquirió, a través de sociedades offshore, tres propiedades en Miami valuadas en más de 2 millones de dólares, las cuales no fueron declaradas ante la Oficina Anticorrupción (OA), tal como lo exige la Ley de Ética Pública vigente desde 1999.
LA NACIÓN
Según una investigación conjunta de La Nación y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), con el apoyo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), Vázquez utilizó un entramado societario que incluye una empresa en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) y dos en Panamá para concretar estas adquisiciones inmobiliarias en Estados Unidos.
LA NACIÓN
No es la primera vez que Vázquez, de 64 años y con una trayectoria de más de tres décadas en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ahora renombrada Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se ve envuelto en controversias relacionadas con operaciones en paraísos fiscales.
En 2011, enfrentó una denuncia por presuntamente controlar, junto a su hermana, una cuenta bancaria en Curazao con fondos que habrían sido transferidos a Luxemburgo, sin informar al fisco argentino. Aunque la causa fue cerrada en 2022 por falta de cooperación internacional, las sospechas sobre sus manejos financieros persisten.
LA NACIÓN
La designación de Vázquez al frente de la DGI en octubre pasado generó revuelo, ya que su nombramiento fue firmado por el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sin la participación del jefe de Gabinete ni del ministro de Economía. Además, la entonces titular de la AFIP, Florencia Misrahi, fue desplazada poco después.
LA NACIÓN
La omisión de declarar bienes y participaciones societarias, especialmente en cargos de alta responsabilidad fiscal, puede configurar el delito de "omisión maliciosa", con penas que incluyen la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Este escándalo pone en tela de juicio la credibilidad de la lucha contra la evasión fiscal en el actual gobierno, que hasta el momento ha guardado silencio ante las denuncias.
EL PAÍS
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) ha iniciado un expediente de oficio contra Vázquez tras la publicación de estas revelaciones, lo que podría derivar en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito si el funcionario no logra justificar el origen lícito de sus bienes.
EL DIARIO AR
Este caso se suma a una serie de funcionarios que, en las últimas dos décadas, enfrentaron problemas judiciales por la presunta omisión maliciosa de bienes, poniendo de relieve la necesidad de mayor transparencia y rendición de cuentas en la función pública.
LA NACIÓN
