El Tribunal Oral de Salta condenó a José Raúl González a tres años y seis meses de prisión domiciliaria por estafa y administración fraudulenta.

González había recaudado fondos a través de una colecta pública para costear el tratamiento médico en Estados Unidos de su hijo Ignacio, de 14 años, quien padecía leucemia linfoblástica aguda.

Lo que inició como un acto solidario terminó en un escándalo. Aunque las donaciones llegaron, el viaje nunca se concretó. Ignacio falleció en junio de 2020, y se descubrió que González utilizó el dinero para comprar una casa y un auto, desviando los recursos que debían ser la última esperanza de su hijo.

La denuncia fue presentada por María Soledad Serrano, madre de Ignacio y expareja del acusado, quien aseguró que su propio hijo le pidió que investigara. "Él sabía todo y no quería que su padre lo visitara en el hospital", declaró.

Además, Serrano desmintió que la pandemia de Covid-19 hubiera impedido el tratamiento, afirmando que González no podía viajar debido a denuncias previas por violencia de género. Informes bancarios y testimonios confirmaron que el acusado retiró más de un millón de pesos antes y después del fallecimiento de Ignacio.

En el juicio también se condenó a Natalia Cuadri, señalada como cómplice, a tres años de prisión condicional. Este caso no solo exhibe una grave traición a la confianza pública, sino que también plantea interrogantes sobre el control de las donaciones y la falta de mecanismos que protejan la voluntad de quienes buscan ayudar.