La ciudad de Buenos Aires amaneció llena de basura debido al trabajo a reglamento del Sindicato de Camioneros. Esta medida de fuerza, según el secretario adjunto del gremio, Pablo Moyano, se debe a la intención del gobierno porteño de estatizar y cambiar el convenio de los trabajadores de recolección de residuos.

El sindicato ha denunciado irregularidades en las empresas de recolección de basura y ha expresado su descontento por las condiciones laborales, el mal estado de los camiones y el pago del impuesto a las ganancias por parte de los barrenderos. La protesta se enmarca en un conflicto mayor relacionado con la revisión de la preadjudicación del sistema de acarreo en CABA, considerada por Jorge Macri como "carísima" y "escandalosa".

En 2022, durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, se estatizó el sistema de acarreo, lo que llevó a la indemnización de 500 trabajadores y su transferencia a la órbita de SBASE. En diciembre de 2023, se produjo la preadjudicación del servicio de acarreo, un negocio de 57 mil millones de pesos por 10 años de contrato. Una de las empresas finalistas, Ashira-Ecoba SA, tiene vínculos con el Sindicato de Camioneros, lo que según funcionarios de la Ciudad, explica la reacción de los Moyano.

El gobierno porteño ha acusado al sindicato de "apretar donde duele" y asegura que se han garantizado los empleos de los camioneros, aunque el sindicato defiende a las empresas implicadas en el conflicto. La situación ha generado un ambiente tenso y la ciudad enfrenta problemas de recolección de basura, afectando diversas zonas.

El conflicto por la estatización del sistema de acarreo comenzó hace dos años, cuando el gobierno porteño decidió intervenir debido a la situación irregular de las empresas Dakota y BRD, que operaban con concesiones vencidas desde hacía 20 años. La presión del Sindicato de Camioneros llevó a un acuerdo en 2022, pero la paz alcanzada tuvo un costo alto, incluyendo indemnizaciones multimillonarias para los trabajadores.

En junio pasado, Pablo Moyano advirtió que las empresas de recolección tendrían que pagar indemnizaciones cuando se termine el contrato en octubre, lo que el gobierno porteño consideró un "apriete". Los contratos fueron prorrogados hasta 2028, pero el conflicto sigue latente y la ciudad enfrenta las consecuencias.