Contaminación por arsénico en el agua: una amenaza persistente para millones de argentinos
La presencia de arsénico en el agua de diferentes regiones de la Provincia de Buenos Aires vuelve a ser noticia. Un reciente informe de la revista Agua y Salud advierte que más de 17 millones de argentinos están expuestos a este contaminante, cuyas consecuencias son alarmantes para la salud.
El Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) ha liderado desde 2011 la creación del Mapa de Arsénico en Argentina , un levantamiento que monitorea cerca de 900 muestras de agua en todo el país.
Según este estudio, varias provincias, como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, presentan niveles de arsénico por encima de los parámetros recomendados, lo que podría generar enfermedades crónicas y graves.
En la Provincia de Buenos Aires, los distritos más afectados, como Tres Arroyos, Balcarce y Junín, registran niveles de arsénico superiores a 50 ppb (partes por billón). En algunos casos, los niveles alcanzan hasta 280 ppb por litro, lo que representa un riesgo significativo para la salud de los habitantes. Las autoridades recomiendan no consumir esta agua ni utilizarla para cocinar, y abogan por la instalación de fuentes alternativas de agua potable.
Por otro lado, la alerta amarilla, que indica concentraciones de entre 10 y 50 ppb, afecta a municipios como La Plata, Mar del Plata y Tandil. Si bien estos niveles son menos peligrosos, no dejen de ser una preocupación para quienes habitan esas zonas.
En este contexto, es importante recordar que en 2023 la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires obligó a una empresa a construir una planta potabilizadora en Chivilcoy debido a los altos niveles de arsénico en el agua, sentando un precedente clave en la lucha. para garantizar el acceso a agua potable segura.
Este problema es un llamado de atención sobre la necesidad urgente de invertir en infraestructura sanitaria y en políticas públicas para proteger la salud de millones de argentinos expuestos a esta peligrosa contaminación. La falta de acción podría agravar una crisis que afecta no solo al bienestar individual, sino al desarrollo social y económico de muchas comunidades.