La proliferación de decks en los restaurantes porteños durante la pandemia ha generado un conflicto entre Jorge Macri y Roberto García Moritán. El jefe de gobierno ha ordenado regularizar y comenzar a cobrar por el uso de estas estructuras que ocupan parte de las calles de la Ciudad.
Durante los años 2020 y 2021, los espacios exteriores se convirtieron en una tabla de salvación para los restaurantes en medio de la crisis sanitaria. Sin embargo, tres años después, los decks siguen ocupando un espacio significativo en las calles de Buenos Aires.
Curiosamente, estos espacios han operado al margen de las regulaciones estatales, sin que la Ciudad cobre por la ocupación del espacio público. Este tema ha sido discutido en reuniones de gabinete, donde García Moritán ha defendido la situación actual enérgicamente.
Desde que asumió como Ministro de Desarrollo Económico, García Moritán ha sido visto como un defensor de los intereses de los restaurantes. Antes de su incursión en el gobierno, era conocido por manejar locales destacados como La Mar y Tanta en la Ciudad. Incluso su hermano Francisco está involucrado en el rubro, con algunos establecimientos ubicados en terrenos públicos bajo el viaducto del FFCC Mitre.
Siguiendo los pasos de otros políticos como Luis Petri, García Moritán se ha involucrado directamente en las actividades gastronómicas, desde cocinar hasta servir platos en locales como Paulín. No obstante, ha mostrado cierta cautela al enfrentarse con los propietarios de restaurantes, lo que ha retrasado la regularización de los decks. Esto se debe al potencial conflicto que cualquier cambio podría generar entre el ministerio y los empresarios del sector.
A diferencia de las mesas ubicadas en las veredas, los decks en la calle han eludido la aplicación de las normativas vigentes en la Ciudad.
Presionado por Jorge Macri, García Moritán ha iniciado un relevamiento de los restaurantes que utilizan esta modalidad, predominante en barrios como Palermo, Núñez, Colegiales, Caballito, Recoleta y Villa Crespo.
Los decks ubicados en las ochavas, una práctica prohibida según la normativa vigente, ya han sido retirados, y los que aún permanecen serán regularizados, comenzando a tributar al fisco porteño en los próximos meses.
Este ajuste marca un nuevo capítulo en la relación entre el gobierno de la Ciudad y los dueños de restaurantes, con implicaciones significativas para el paisaje urbano y la economía local.
Fuente: lapoliticaonline.com
