El Gobierno nacional evalúa la eliminación del Plan Procrear, una iniciativa creada en 2012 bajo la administración de Cristina Kirchner, que desde entonces ha brindado créditos para la construcción de viviendas propias. Con esta decisión, miles de unidades habitacionales en proceso de construcción podrían quedar en el aire, mientras el oficialismo busca disolver el fondo fiduciario que sustenta el programa.

La medida afectaría a 17,000 viviendas en construcción que ahora están siendo auditadas, algunas de las cuales podrían ser cedidas a provincias y municipios para su finalización. Algunos distritos, como Avellaneda y la provincia de Buenos Aires, han decidido financiar las obras con recursos propios para evitar el abandono de los proyectos y asegurar su entrega a los beneficiarios.

Los créditos ya otorgados también están bajo revisión. Para los últimos 2,500 préstamos, el gobierno ha ofrecido un cambio a créditos personales, una propuesta que el 70% de los beneficiarios ha aceptado, según datos oficiales.

La decisión del gobierno actual de eliminar distintos fondos fiduciarios en aras de “reducir el gasto estatal” ha generado preocupación en diversas provincias. La Defensoría del Pueblo de Formosa, por ejemplo, solicitó detener la disolución de Procrear, subrayando la necesidad de preservar el acceso a la vivienda para miles de familias.

El cierre de Procrear refleja una tendencia de ajuste en políticas sociales que, si bien apunta a reducir el déficit, plantea una pregunta crítica: ¿hasta qué punto el Estado debe ceder en áreas esenciales como la vivienda?