El Papa Francisco oficializó la expulsión del estado clerical de Justo José Ilarraz, un sacerdote argentino condenado en 2018 a 25 años de prisión por abusar de al menos siete menores en el Seminario Mayor de Paraná. La decisión, comunicada por el Obispado de Concepción de Tucumán, marca un nuevo paso en la política de tolerancia cero frente a los abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica.

Ilarraz, de 65 años, cumple prisión domiciliaria en Entre Ríos mientras espera la resolución de la Corte Suprema sobre su condena. A pesar de sus intentos por deslegitimar las denuncias, las pruebas y testimonios expusieron una trama de abuso psicológico y físico contra menores de 12 a 14 años durante los años en que ejerció como prefecto de disciplina.

El caso es un recordatorio de las profundas heridas que estos delitos han dejado en la Iglesia y en sus fieles. No es un hecho aislado, sino parte de un patrón que, según un informe del Centro de Investigación Pew, ha erosionado la confianza en la institución, especialmente en América Latina.

La resolución del Vaticano, sustentada en el artículo 6 del Sacramentorum Sanctitatis Tutela, no sólo ratifica la máxima sanción para Ilarraz, sino que simboliza un cambio de rumbo bajo el pontificado de Francisco. Medidas más rápidas y contundentes como ésta intentan reconstruir una credibilidad grandemente dañada.

Sin embargo, el desafío continúa. Acompañar a las víctimas y garantizar que los encubrimientos del pasado no se repitan son tareas pendientes para una Iglesia que sigue buscando redimirse ante sus propios pecados institucionales.